La desaparición forzada de Ismael, Josué, Saúl y Steven: ¿El fin de un Estado de Derecho en Ecuador?

Desde el 8 de diciembre de 2024, se desconoce el paradero de Ismael, Josué, Saúl y Steven, cuatro jóvenes residentes de Las Malvinas, un sector al suroccidente de Guayaquil. Salieron a jugar fútbol con sus amigos, como cualquier otro día, y hasta ahora no han regresado a sus hogares tras ser «detenidos» por miembros de la milicia ecuatoriana durante uno de los tantos operativos arbitrarios, carentes de toda norma, que han deshumanizado a las juventudes racializadas, empobrecidas y marginalizadas de este país desde que se declaró el conflicto armado interno, el 9 de enero de este año. ¿Cómo llegamos hasta aquí?

La escalada de violencia, así como la profunda inestabilidad política, económica y social que ha atravesado Ecuador en los últimos años, es imposible de negar. Un ejemplo de ello es el paro de junio de 2022, que duró 18 días y reflejaba el profundo malestar de los ciudadanos de un país flagelado por la falta de accionar gubernamental. Sin embargo, dentro de los sucesos que representan fracturas irreparables en la realidad del país, se destaca la fuerte tensión política entre el expresidente Guillermo Lasso y la Asamblea Nacional.

La relación totalmente irreconciliable entre estos dos poderes del Estado terminó en la muerte cruzada, un proceso que destituye al presidente y disuelve la Asamblea, según los artículos 130 y 148 de la Constitución de 2008. Esto nos llevó a las primeras elecciones anticipadas en la historia del país, con Daniel Noboa como ganador, lo que, hoy, con la desoladora realidad que vivimos, significó el principio del fin de un Estado de Derecho. ¿Será demasiado fatalista hacer esta afirmación, o solo responde a todas las acciones lascivas que el mandatario ha ejercido desde que llegó al poder?

Noboa, durante toda su campaña electoral, se aprovechó de la apatía que el pueblo sentía hacia la política debido a la desilusión causada por los últimos periodos. Le vendió a la gente la idea de una “nueva forma” de hacer política, de construir un “Nuevo Ecuador”. Pero, desde el inicio de su mandato, el 23 de noviembre de 2023, solo ha demostrado que su forma de gobernar, su manera de hacer política y su concepto de este “Nuevo Ecuador” recaen en los mismos lugares comunes del autoritarismo, la inoperancia y la indolencia de gobiernos pasados. Sus propuestas para el eje de seguridad eran 14 y para el económico 69, según los datos recabados por el centro de investigación y acción independiente FARO, que genera evidencia para incidir en la política pública, dejándonos la sencilla tarea de inferir cuáles eran sus reales preocupaciones.

En un convulso escenario de violencia, por el incremento del crimen organizado y la abrumadora inseguridad que se vivía en cada rincón del país, el Gobierno del “Nuevo Ecuador” tenía como as bajo la manga el Plan Fénix, que, a 13 meses de mandato, aún no se conoce con exactitud en todos sus pormenores. Esta estrategia de contención, acción y recuperación de territorios, como mencionó en alguna ocasión la Ministra de Gobierno, Mónica Palencia, evidenció su improvisación en materia de seguridad.

El actual presidente jamás dimensionó lo grave de la situación, encontrándose con eventos que evidenciaban el total recrudecimiento de la violencia en el país, como el caso de Esmeraldas, el 29 de diciembre, cuando 8 autos estallaron en diversos sectores de la ciudad —como El Centro, Las Riberas, Codesa y Cananga—, junto con enfrentamientos armados que dejaron un saldo de cinco personas asesinadas. Hubo un silencio fúnebre por parte de todo el aparato gubernamental, y sería algo a lo que nos tendríamos que acostumbrar…

El fin de un Estado de Derecho en Ecuador

En términos generales, estar en un Estado de Derecho significa que las leyes se aplican de manera justa y transparente, garantizando que todos sean tratados por igual. Además, se espera que los conflictos se resuelvan de manera ética e imparcial, asegurando que siempre se respeten los derechos fundamentales y que se sigan los procedimientos adecuados. Sin embargo, este concepto se aleja cada vez más de la realidad que se vive en Ecuador.

Era solo cuestión de tiempo para que la improvisación de “nuestro comandante en jefe” le explotara en la cara y comenzara a actuar por simple intuición. Esto empezó con nuevos atentados en la provincia de Esmeraldas el 8 de enero de 2024, justo el día en que decretó el estado de excepción con toque de queda en todo el país debido a los disturbios en varias cárceles tras la fuga de alias Fito, el cabecilla de la banda Los Choneros. Apenas un día después, bandas del crimen organizado tomaron el medio de comunicación TC Televisión, lo que llevó a Noboa a declarar el inicio del conflicto armado interno, una medida que ha difuminado por completo la posibilidad de vivir en un Estado de Derecho.

Ocho declaratorias de estado de excepción, el allanamiento de la Embajada de México a pesar de ser territorio inviolable, la militarización de las calles, la extrema violencia entre sus pares en el gabinete, sanciones injustificadas contra la vicepresidenta, una profunda crisis eléctrica, limitaciones a la libertad de expresión frente a protestas y presentaciones artísticas, y el encubrimiento de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales son solo algunas de las pruebas que confirman que Ecuador ya no vive en un Estado de Derecho.

 El verdadero enemigo del gobierno es la juventud racializada, empobrecida y marginalizada de Ecuador

Para los gobiernos de turno en Ecuador, ha sido históricamente más fácil construir a «enemigos» en lugar de enfrentar los problemas estructurales que afectan al país. Estos enemigos, con las características que las élites consideran no merecedoras de una vida digna, se convierten en el chivo expiatorio de una crisis que no han sabido resolver. Se les culpa y criminaliza para desviar la atención de los verdaderos problemas: la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y una economía cada vez más deprimida. En lugar de abordar estas cuestiones con políticas públicas eficaces, se prefiere construir una narrativa en la que los «culpables» de la violencia y de los males sociales son, principalmente, los más vulnerables.

Esta creación de un supuesto enemigo no es aleatoria ni accidental. En Ecuador, como en muchas partes del mundo, esta figura del «enemigo interno» tiene raíces profundas en el racismo estructural que atraviesa todo el sistema. El color de la piel, la procedencia y el estatus social siguen siendo factores determinantes para definir quién merece derechos y quién no. Los jóvenes, especialmente los negros, afrodescendientes y aquellos que viven en contextos marginalizados, se convierten en los blancos perfectos para ser señalados, estigmatizados y, finalmente, sacrificados en nombre de la seguridad.

El actual conflicto armado en Ecuador es un claro ejemplo de cómo esta lógica de necropolítica se lleva a cabo en la práctica. La necropolítica, como bien lo describe Achille Mbembe, es la política que decide quién vive y quién muere, y cómo se justifica la muerte de ciertos grupos de personas. En este contexto, el gobierno, en lugar de reconocer la raíz de los problemas sociales y económicos, ha decidido que la respuesta a la violencia es la eliminación de aquellos que considera una amenaza. El mensaje es claro y descarado: aquellos que provienen de contextos vulnerables, aquellos que son negros, afrodescendientes o simplemente no encajan en el modelo de «ciudadano ideal», son los responsables de la inseguridad y, por lo tanto, deben ser eliminados para restaurar la paz.

Ismael, Josué, Saúl y Steven, no son los únicos

Desde que comenzó el «conflicto armado interno» en Ecuador, se ha intensificado una grave crisis de violaciones a los derechos humanos, especialmente contra jóvenes de barrios empobrecidos y comunidades racializadas. Estos casos, lejos de ser aislados, reflejan un patrón sistemático de abuso por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Tenemos el caso de Dave Loor Roca, de 20 años, y su amigo Juan Daniel Lor, quienes fueron detenidos por las Fuerzas Armadas en Los Ríos el 26 de agosto de 2024. Desde entonces, se encuentran desaparecidos.

A esto se suman los casos de Neivi Quiñonez y Ariel Cheme, jóvenes de Esmeraldas que fueron detenidos, torturados y luego encontrados muertos en circunstancias sospechosas.

En Guayas, Carlos Javier Vega, un joven de 19 años, fue ejecutado por militares durante un operativo, sin tener ningún antecedente criminal. Javier simplemente iba en su carro, y el resultado de su encuentro con los militares fue la muerte, bajo acusaciones infundadas.

El caso de Sarita Murillo, quien se encontraba en su casa el 3 de diciembre, en el barrio El Palmar, en Esmeraldas, fue asesinada por un escuadrón de militares que disparó indiscriminadamente, dejando huérfanos a sus seis hijos.

Ni siquiera Dave, Daniel, Neivi, Ariel, Javier ni Sarita son los únicos. Según informes de Human Rights Watch (HRW) y el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, desde que se decretó el estado de excepción en enero de 2024, se han documentado al menos 9 casos de desaparición forzada, 15 ejecuciones extrajudiciales y más de 80 denuncias de tortura cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Para sorpresa de nadie, la mayoría de las víctimas son jóvenes, afrodescendientes, y provienen de comunidades empobrecidas, especialmente en provincias como Esmeraldas, Guayas, Manabí y Los Ríos.

¿Cuáles son las actualizaciones del caso de Ismael, Josué, Saúl y Steven?

Después de dos semanas de silencio, la presión sobre el gobierno de Daniel Noboa ha crecido enormemente, exigiendo respuestas claras sobre la desaparición de Ismael, Josué, Saúl y Steven. La indignación de las calles y las organizaciones de derechos humanos ha sido un clamor unánime, pidiendo que este caso sea tratado como una desaparición forzada, algo que el presidente ha minimizado, asegurando que aún es «prematuro» calificarlo así. Mientras tanto, las versiones sobre lo ocurrido siguen siendo confusas. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, primero culpó a «grupos delincuenciales», pero luego reconoció que los menores fueron detenidos por militares bajo acusaciones de robo.

Sin embargo, para los padres de los niños, la verdad es otra: lo que ocurrió no puede ser solo un error o una confusión, sino un abuso de poder. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran el violento momento en que los niños fueron subidos a una camioneta militar, con uno de ellos siendo golpeado en la cabeza. Este caso ha conmovido a Ecuador y la presión sigue creciendo. En Guayaquil, los manifestantes exigen: «¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!», mientras los padres, como Luis Arroyo, siguen con la esperanza de que sus hijos regresen, a pesar de la devastación que les ha causado la incertidumbre.

El caso no solo refleja el dolor de una familia, sino también la tragedia de un sistema que criminaliza a los niños, especialmente a los de comunidades empobrecidas y racializadas. Ismael, Josué, Saúl y Steven no son los enemigos del país; son víctimas de un contexto de violencia y pobreza que no se resuelve con represión. Es urgente exigir justicia, que todos los niños sean tratados con dignidad y respeto, sin importar su color de piel o su origen. Nadie debería desaparecer en manos del Estado.