El pasado jueves 10 de julio debía realizarse la audiencia evaluatoria y probatoria contra 17 militares acusados de la desaparición de Ismael, Josué, Saúl y Steven, en la Unidad Judicial Sur de Valdivia, en Guayaquil. Esta audiencia es un paso clave en el proceso judicial: busca depurar las pruebas que se presentarán durante el juicio y definir los puntos esenciales del caso. Sin embargo, en un sistema históricamente roto, convertir el acceso a la justicia en un camino largo y tortuoso es norma.
A pedido de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de varios abogados intervinientes, la audiencia fue aplazada, una solicitud que fue aprobada por el juez Dennis Ugalde. Y solo por hacer una de entre tantas preguntas ¿Con qué corazón se puede pedir más tiempo para quienes actuaron con crueldad y negligencia contra Ismael, Josué, Saúl y Steven? Las pruebas son contundentes. ¿Por qué seguir postergando el proceso? Militares, captados en video mientras agreden a los menores, hoy gozan de un derecho a la presunción de inocencia que nunca tuvieron Ismael, Josué, Saúl y Steven.
Con el paso de los días, siguen apareciendo más pruebas, tan claras que resultan imposibles de ignorar, incluso para el que no quiere ver. Aun así, la justicia continúa aplazándose, a pesar de que, las familias no dejan de exigir respuestas. Una de las más recientes evidencias fue encontrada en el teléfono de la hermana de uno de los tenientes implicados: un video donde se ve a los cuatro chicos siendo maltratados mientras se encuentran en el suelo, en un camino de tercer orden en Taura. Los soldados colaboradores en la investigación identificaron como figura central de esa escena de crueldad al subteniente John Henry Z. E.
Más de uno relató cómo le preguntaron a este subteniente qué hacer, y él respondía que todo estaba bajo control, que sabía lo que hacía. Otros soldados bajo su mando también descargaron una violencia sin precedentes sobre Ismael, Josué, Saúl y Steven. El estado en el que fueron encontrados sus cuerpos es prueba irrefutable de que no hubo el más mínimo rastro de humanidad en el trato que recibieron. Ser pobres, ser negros, fue su condena.
Se prevé que la audiencia se reinstale entre el 10 y el 11 de agosto, con el argumento de que las partes necesitan más tiempo para revisar los expedientes. Mientras tanto, afuera de la Unidad Judicial seguían presentes quienes no se rinden, quienes aún claman justicia por la vida de Ismael, Josué, Saúl y Steven. Porque hasta hoy, ellos siguen siendo víctimas de un sistema, de un Estado, y de un país que se niega a asumir su responsabilidad en la materialización de una política de muerte que nos gobierna y que nos lacera letalmente.
Hoy, la justicia parece reservada para quienes tienen poder. Pero desde la digna rabia que habita en las familias, en quienes mantenemos viva la memoria de nuestros niños, insistimos: acceder a la justicia no puede ni debe ser un privilegio.
- La indolencia de todo un aparato judicial hoy da más oportunidades a 17 militares, más de las que tuvieron Ismael, Josué, Saúl y Steven - julio 11, 2025
- Convención Nacional de Mujeres Irreverentes 2025 - julio 5, 2025
- Nuestras infancias racializadas y empobrecidas no son ningún daño colateral, son víctimas directas de una política de muerte - junio 30, 2025