La crisis climática que se intensifica entre el extractivismo y el abandono en las zonas rurales del Ecuador
Elaborado por: María Preciado y Nayeli González
Durante el año 2025, una serie de deslaves ha afectado gravemente a comunidades de la Sierra y el Oriente del país, todas con una característica común: la presencia de actividad minera que ha marcado sus territorios. Papallacta, Las Naves, Oyacachi, San Miguel y otras localidades han sido escenario de emergencias provocadas por lluvias intensas, inestabilidad geológica y fallas estructurales en la prevención y respuesta ante desastres. Pero cuando las lluvias cesaron y llegó el verano, lo que quedó al descubierto no fue solo tierra removida, sino también las consecuencias acumuladas de décadas de extractivismo, deforestación y abandono institucional que han convertido estas regiones en verdaderas “geografías de sacrificio”
Si bien estos desastres tienen un componente climático exacerbado por el cambio global, también responden a causas humanas: deforestación, extracción de recursos sin regulación, falta de planificación urbana y rural, y ausencia de inversión estatal sostenida. La crisis climática encuentra terreno fértil en un país donde las alertas tempranas son escasas, las carreteras son frágiles y la acción gubernamental casi inexistente.
Papallacta (Pichincha–Napo): carretera estratégica colapsada y vidas perdidas
La carretera Quito–Papallacta–Baeza, vía vital para conectar la capital con la región Amazónica, ha sido escenario de múltiples deslaves a lo largo de 2025. En julio, un nuevo derrumbe bloqueó totalmente el paso en sectores como Cuyuja, Maspa y zonas aledañas, dejando atrapadas a decenas de familias en tránsito. En medio del caos, tres mujeres fallecieron en el sector El Chaco, arrastradas por un aluvión.
Aunque la vía fue reabierta 24 horas después gracias a la intervención del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y cuerpos de socorro, los riesgos siguen latentes. En marzo de este mismo año, una perforación clandestina causó un derrame de petróleo en la misma ruta, afectando los suelos, ríos y comunidades cercanas, lo que intensificó la crisis ambiental. Papallacta, que además es una zona turística y ecológicamente sensible, vive en tensión constante por la falta de soluciones estructurales.
La actividad minera en Papallacta, ubicada en la provincia de Napo, se centra principalmente en la extracción de materiales de construcción y agregados, así como en la exploración de recursos mineros, lo que añade presión a un ecosistema ya frágil y vulnerable.
Las Naves (Bolívar): la emergencia silenciada
En el cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar, los deslaves no han tenido el mismo nivel de atención mediática, pero el riesgo es igual de urgente. Las lluvias persistentes han provocado deslizamientos de tierra, inundaciones y el colapso de vías que conectan a comunidades rurales, muchas de ellas dedicadas a la producción agrícola y ganadera.
El COE cantonal ha identificado a más de 500 personas en riesgo directo, debido a la saturación del suelo, la deforestación no controlada y la inexistencia de infraestructura de drenaje. Zonas como Pucayacu y San Miguel (Cotopaxi), cercanas a Las Naves, ya enfrentaron en febrero de este año deslaves que dejaron a más de 120 personas incomunicadas. La vulnerabilidad es compartida entre cantones que han sido históricamente marginados de las decisiones de inversión y planificación territorial.
Hace poco menos de un año, la construcción de la mina El Domo-Curipamba fue aprobada tras la resolución judicial que validó la consulta ambiental para este proyecto, concesionado a la empresa canadiense Curimining. La expansión minera en la zona profundiza el impacto ambiental y social en comunidades que ya enfrentan múltiples amenazas.
Otros territorios afectados
En la provincia de Napo, el deslave en la comunidad de Oyacachi cubrió más de 200 hectáreas de terreno productivo, colapsando puentes, destruyendo canales de riego y dejando incomunicadas a comunidades que viven de la ganadería y la piscicultura. La pérdida de infraestructura ha generado no solo una crisis de movilidad, sino también de alimentación y trabajo.
En Oyacachi, la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) de oro, junto con actividades de extracción aluvial, constituyen una fuente importante de presión ambiental y social en la zona.
En Loja, un deslave en el cerro Guacupamba, en abril de 2025, arrasó con 15 viviendas y provocó la muerte de una persona. La comunidad, ubicada en una zona rural de difícil acceso, continúa sin soluciones definitivas. En muchas de estas localidades, los centros de salud más cercanos están a más de una hora de distancia, si es que las vías no están cortadas.En Eloy Alfaro, Esmeraldas, esta realidad lleva años manifestándose. La minería ilegal ha contaminado ríos con metales pesados como arsénico, aluminio y mercurio, afectando la salud y la vida de las comunidades afroecuatorianas locales. A pesar de las medidas judiciales para detener esta actividad, la falta de control institucional ha permitido que siga operando la destrucción de territorios y medios de vida. Esta no es una crisis pasajera, sino un daño profundo que persiste en el tiempo y que amenaza a la Sierra, el Oriente y la Costa ecuatoriana. En este contexto, queda claro cómo el capital se impone frente a la vida, despojando y violentando a quienes habitan estos territorios,
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