La movilización convocada hoy en Guayaquil, pensada como un termómetro preelectoral, se ha convertido en un disparo al pie del presidente Daniel Noboa. Lo que se presentó como un acto de fuerza política, terminó evidenciando la fragilidad de un gobierno que administra la inseguridad desde la espectacularización mediática y no desde la construcción de respuestas estructurales.
El llamado Plan Fénix, vendido como la gran estrategia de seguridad, ha mostrado su fracaso. Las calles hablan: la violencia no cesa, los territorios continúan sitiados por el miedo y la pobreza, y la ciudadanía se enfrenta a un Estado que, lejos de garantizar derechos, sigue situando a los empobrecidos y precarizados como enemigos públicos.
Ecuador vive hoy una democracia de ficciones, sostenida en fuentes habituales de poder, en pactos de élites que buscan administrar la crisis sin transformarla. Pero en el mapa real, la cartografía del país se dibuja con territorios de sacrificio: comunidades racializadas, juventudes sin futuro, mujeres y diversidades expuestas a la violencia estructural y a la precariedad.
La necropolítica avanza disfrazada de política pública. La seguridad se mide en cuerpos mutilados, en líderes sociales silenciados, en poblaciones enteras sometidas al control armado, mientras el gobierno se enorgullece de obras imaginarias y de discursos vacíos.
Marchar hoy es reconocer ese fracaso, es poner en evidencia que la inseguridad no se combate con militarización ni con propaganda, sino con políticas de justicia social, con igualdad en el acceso a derechos, con un Estado que deje de sacrificar a los mismos de siempre.
El país necesita urgentemente recuperar la confianza en sus instituciones, pero esa confianza no se construye con miedo ni con represión. Se construye desde abajo, desde las comunidades que resisten, desde quienes siguen creyendo que otro Ecuador es posible, pese a la crudeza de la crisis actual. La paz nos exige justicia social.
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