Por Juana Francis Bone
Matar a quienes defienden territorios, memoria y tejido comunitario no es un acto aislado ni “delincuencia común”: es una estrategia con beneficiarios claros. Cuando callan a las voces que organizan, que visibilizan injusticias, que articulan reparación y resistencia, quienes ganan son esos que siempre han lucrado con el despojo: élites extractivas y terratenientes, redes del crimen organizado y sus proveedores de impunidad, y sectores políticos que se benefician de sociedades atomizadas y temerosas. En Ecuador, como en otras partes de América Latina, el homicidio de liderazgos civiles debilita la base comunitaria, borra memoria y hace posible la apropiación de recursos y espacios por la vía de la violencia.
Hay que decirlo claro: existe una convergencia de intereses entre quienes extraen recursos (minería, petróleo, monocultivos), quienes trafican y controlan rutas e infraestructuras ilegales, y actores estatales o paraestatales que optan por la lógica de la fuerza en vez de la protección y la justicia. Estos actores se benefician dos veces: primero, con el control territorial y la continuidad de ganancias económicas; segundo, con el silenciamiento de denuncias que podrían activar mecanismos de control y rendición de cuentas. En este paisaje, el asesinato —la desaparición— de un líder no es solo una pérdida personal: es una pérdida de capacidad organizativa colectiva, de memoria histórica y de posibilidad de sostener alternativas comunitarias.
No menos peligrosos son quienes instrumentalizan los discursos de “democracia” y “orden” para justificar medidas que profundizan la militarización y la criminalización de la protesta. Cuando la seguridad se convierte en pretexto para concentrar poder —y cuando las políticas públicas favorecen la militarización de territorios—, las comunidades pierden espacios de participación y las protestas sociales se ven deslegitimadas. Esa deslegitimación facilita la implementación de proyectos extractivos y la reproducción de modelos económicos que excluyen.
Los números nos remuestran la gravedad regional: según Global Witness, en 2023 fueron asesinados 196 defensores de la tierra y el medio ambiente en el mundo, una cifra que sitúa a América Latina como el epicentro de estas muertes. Front Line Defenders documentó que en 2024 al menos 324 defensores de derechos humanos fueron asesinados globalmente, con América Latina aportando una porción sustancial de estas cifras. Informes especializados muestran además que en 2024 los asesinatos contra defensores en Latinoamérica siguieron subiendo, concentrando alrededor del 80% de las víctimas registradas por organizaciones internacionales.
En el caso ecuatoriano, el deterioro de la seguridad y el aumento de la violencia organizada han cobrado también a liderazgos locales y defensores. Organizaciones de derechos humanos han documentado casos recientes —por ejemplo, el asesinato del activista Alejandro Lapo Tandazo en octubre de 2024— y episodios de líderes indígenas asesinados en Esmeraldas en 2024 que no han sido plenamente esclarecidos, de acuerdo a lo reportado por Business & Human Rights Resource Centre. Además, organismos como Amnesty International han alertado sobre un aumento en reportes de posibles ejecuciones extrajudiciales en Ecuador, un indicador grave de cómo la violencia y la impunidad se mezclan con respuestas estatales mal diseñadas.
¿Quiénes pierden? Todas y todos. Pierden las familias que quedan sin verdad ni reparación; pierden las comunidades que ven quebrada su capacidad de organización; pierde la democracia cuando las voces críticas son eliminadas; pierde el país cuando se normaliza la impunidad. Pero también hay quienes ganan: quienes obtienen control territorial, quienes consolidan proyectos extractivos sin consulta ni consentimiento; quienes se benefician políticamente de una ciudadanía silenciada y atomizada.
Frente a esto, la respuesta no puede ser sólo condena retórica. Exigimos políticas públicas claras y urgentes: investigaciones independientes y efectivas que lleguen a los autores intelectuales; protección integral para liderazgos en riesgo (no sólo escoltas, sino garantías económicas, jurídicas y comunitarias); suspensión de proyectos extractivos en territorios donde hay conflictos no resueltos; y una reforma profunda de las prácticas policiales y penitenciarias que permitan restituir la confianza ciudadana. Además, es imprescindible proteger y financiar espacios de memoria y sanación comunitaria: quien borra la memoria busca que no haya testigos; construir memoria es un acto político y de resistencia.
También hacemos un llamado a los medios, a las universidades, a las iglesias y a las organizaciones internacionales: la protección de liderazgos sociales es una responsabilidad colectiva. No podemos naturalizar los asesinatos como “daños colaterales” de la violencia; son ataques dirigidos que buscan, deliberadamente, destruir tejido social y alternativas de vida. La solidaridad internacional y las plataformas de denuncia deben amplificar los casos y ejercer presión porque la impunidad es el principal combustible de estas tragedias.
A las comunidades: recuerden que la memoria y la organización son herramientas de defensa. A los estados: su obligación es proteger, investigar y prevenir. A la sociedad en su conjunto: no cedamos a la resignación. Defender la vida de quienes nos representan, nos organizan y nos enseñan es defender nuestra propia posibilidad de existir como pueblos con dignidad.
No podemos permitir que los necrófagos políticos —esos que se alimentan de la muerte política y física de nuestras comunidades— sigan imponiendo proyectos sin consentimiento y sin justicia. Cuando el poder se ejerce desde la violencia, la respuesta debe ser la verdad, la justicia y la memoria. Exigimos que cesen los beneficios que obtienen quienes destruyen lo comunitario y que se restituya la vida colectiva como prioridad política y humana.
Fuentes seleccionadas (datos y seguimiento)
- Global Witness — registro y análisis sobre defensores de la tierra y el medio ambiente (196 asesinos en 2023). (Global Witness)
- Front Line Defenders — Global Analysis 2024/25 (documentación de asesinatos a defensores de derechos humanos, cifra global 2024). (Front Line Defenders)
- Mongabay / cobertura especializada — informe sobre asesinatos de defensores en Latinoamérica y aumento en 2024. (Noticias ambientales)
- Amnesty International — informes sobre Ecuador que registran un aumento en reportes de posibles ejecuciones extrajudiciales (primer semestre 2024 y contexto de derechos humanos). (Amnesty International)
- Business & Human Rights Resource Centre / cobertura de casos — asesinato de Alejandro Lapo Tandazo y pronunciamientos asociados (octubre 2024). (Business & Human Rights Resource Centre)
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