La fusión del Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 60 del 24 de julio de 2025 por el gobierno de Daniel Noboa, sigue generando preocupación. Aunque ya se concretó, sus consecuencias aún afectan al país. Esta medida no ha pasado al olvido: es parte del debate actual sobre el rumbo que toma el Estado frente a la protección de la naturaleza y el respeto a la voluntad popular.
El gobierno justificó esta decisión como parte de un plan de “eficiencia administrativa”, que redujo el número de ministerios de 20 a 14 y las secretarías de 9 a 3. A esto se sumó el despido de 5.000 funcionarios públicos, principalmente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otras áreas administrativas del Estado.
En el caso del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), al menos 74 personas con nombramiento permanente y 25 con contrato ocasional fueron cesadas durante la última semana de julio de 2025.
Esta reducción del Estado ocurrió en medio de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en junio de 2024 aprobó un crédito de 4.000 millones de dólares para Ecuador. Uno de los compromisos fue disminuir el gasto en salarios del sector público. Esto refuerza la idea de que la fusión ministerial responde también a presiones externas que afectan la capacidad del Estado para cuidar el ambiente y garantizar derechos.
Más allá de un cambio administrativo, esta fusión ha sido criticada por organizaciones ecologistas y comunidades que ven en ella una forma de debilitar la defensa de la naturaleza. Al poner bajo un mismo ministerio la promoción de la minería y la protección del ambiente, se corre el riesgo de que los intereses extractivos tengan más peso que los derechos ambientales y colectivos.
Además, sigue pendiente el cumplimiento de la decisión popular tomada en la consulta de 2023, cuando el pueblo votó por detener la explotación del Bloque 43-ITT en el Yasuní. Aunque el gobierno ha dicho que respeta ese mandato, las acciones concretas son aún insuficientes y la preocupación crece entre los defensores del Yasuní.
Por todo ello, la resistencia ciudadana a través de manifestaciones, pronunciamientos colectivos se mantiene activa como respuesta urgente no solo a la amenaza ambiental, sino a una crisis democrática en la que se confrontan el mandato popular y las decisiones del poder. En este choque se definen no solo los marcos institucionales, sino el rostro de un país que aspira a poner la vida, no el capital, en el centro de su proyecto político.
“Un retroceso institucional”: la voz de la ciencia y el activismo.
Jordán Andrés Cruz, activista quiteño y científico tropical de la organización Rebelión Científica, señala que la fusión representa un debilitamiento profundo de la institucionalidad ambiental:
“Al fusionar estos ministerios, se elimina el contrapeso institucional que garantiza la protección del medio ambiente. La misma institución que solicita licencias ambientales sería la que las emite, lo que no tiene sentido. Esto afectará la protección y vigilancia en territorios como el Yasuní, donde la protección es crucial”.
Cruz relata los impactos que ha tenido esta decisión: despidos de guardaparques, reducción presupuestaria en las direcciones provinciales, debilitamiento de la vigilancia en áreas protegidas y, en consecuencia, mayor vulnerabilidad para ecosistemas y comunidades. Pero el retroceso no se limita al plano ecológico, también se proyecta en el ámbito social económico y democratico.
“La degradación de los ecosistemas puede llevar a desnutrición y enfermedades, además de pérdidas en oportunidades de turismo sostenible o restauración de carbono. Y lo más grave: pone en peligro a poblaciones afroecuatorianas, montubias e indígenas que son la primera línea de defensa de los territorios”, subraya el activista.
Ante este panorama, Cruz propone fortalecer la resistencia mediante acciones legales nacionales e internacionales, así como la presión popular:“El gobierno debe sentir que la ciudadanía defiende sus votos y las decisiones tomadas democráticamente”.
“Un conflicto de intereses abierto”: la visión feminista y ecologista
Desde otra perspectiva, Sofía Torres, activista feminista y ecologista del colectivo Yasunidos, coincide en que el Decreto 60 no solo supone un retroceso, sino que evidencia las verdaderas intenciones del gobierno:
“La decisión de fusionar al Ministerio de Energía y Minas con el de Ambiente transparenta la intención del gobierno actual: mercantilizar la naturaleza y priorizar los intereses privados sobre los derechos de la ciudadanía y la biodiversidad”.
Torres recuerda que el presidente Noboa tiene intereses directos en compañías mineras, lo que agrava el conflicto de intereses:“¿Cómo el Ministerio de Ambiente va a fiscalizar la contaminación o los abusos cuando está subordinado a un ministerio cuyo fin es ampliar la minería y el petróleo?”.
La activista también denuncia el uso de la crisis de seguridad como excusa para militarizar territorios y forzar consultas ambientales que, en muchos casos, no son vinculantes:“Las comunidades nunca son informadas de manera oportuna. Se imponen proyectos extractivos y se consulta cuando ya es demasiado tarde, violando el derecho a decidir sobre el territorio”.
Para Torres, el golpe no es solo institucional, sino también social y político: se reduce la participación de las comunidades, se invisibilizan las afectaciones y se normaliza la pérdida de garantías. Ante esto, insiste en la necesidad de un frente amplio, solidario y diverso que retome la fuerza ciudadana expresada en la consulta por el Yasuní:
“Lo que nos une es la defensa de la vida digna. Esa fue la bandera que nos permitió decirle al país y al mundo que queríamos detener el petróleo en el Yasuní. Hoy tenemos que volver a encontrarnos en esa lucha porque el futuro de nuestros territorios y de nuestras vidas está en juego.
El trasfondo más preocupante de la fusión ministerial es su contradicción con el mandato popular expresado en las urnas. En agosto de 2023, la ciudadanía votó por dejar el petróleo bajo tierra en el Bloque 43 del Yasuní, enviando un mensaje histórico al mundo.
Sin embargo, la decisión del Ejecutivo pone en entredicho ese mandato democrático, debilitando las instituciones encargadas de garantizarlo y favoreciendo los intereses extractivistas.
Resistir para vivir
El trasfondo más preocupante de la fusión ministerial es su contradicción con el mandato popular expresado en las urnas. En agosto de 2023, la ciudadanía votó por dejar el petróleo bajo tierra en el Bloque 43 del Yasuní, enviando un mensaje histórico al mundo. Sin embargo, la decisión del ejecutivo desconoce ese mandato democrático, debilitando las instituciones encargadas de garantizarlo y favoreciendo los intereses extractivistas.
El retroceso en derechos ambientales en Ecuador no es un hecho aislado, sino parte de un patrón regional de avance del extractivismo en tiempos de crisis económica y política. Pero en el caso ecuatoriano, la gravedad aumenta porque contradice un pacto social conquistado con décadas de lucha: el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza y el voto ciudadano en defensa del Yasuní.
Las voces de Jordan Andres Cruz y Sofía Torres coinciden en un punto esencial: la resistencia ciudadana es la única garantía de que el mandato popular no sea borrado por decreto. Demandas legales, presión internacional, organización comunitaria y frentes amplios de lucha son hoy estrategias urgentes para sostener la dignidad de un país que prometió al mundo proteger la vida en todas sus formas.
El futuro del Yasuní dependerá de la capacidad de las y los ciudadanos para defender lo conquistado: el derecho a vivir en armonía con la naturaleza y no en función de su explotación y racismo ambiental, porque merecemos vivir en un país sin violencia, donde se respeten los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
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