Durante años, la familia Noboa arrastró con el Estado ecuatoriano una deuda millonaria. Según el portal del Servicio de Rentas Internas (SRI), hasta el 26 de junio de 2025 las obligaciones tributarias acumuladas por el grupo ascendían a USD 95,4 millones. Para el 26 de septiembre, esa deuda se había reducido drásticamente a USD 6,2 millones. Apenas cinco días después, el miércoles 1 de octubre, se informó que el monto bajó a USD 3,5 millones. Pero no terminó ahí: horas más tarde, mediante un comunicado oficial, la familia Noboa aseguró que ya no mantenía ninguna deuda con el Estado. ¡He ahí el milagro fiscal! Y no por obra y gracia del espíritu, sino gracias a un marco legal hecho a medida.
La drástica reducción coincidió con la entrada en vigencia de la Ley de Integridad Pública, impulsada por el presidente Daniel Noboa en mayo de 2025 con carácter económico urgente. Esta ley establecía que quienes pagaran total o parcialmente sus obligaciones tributarias al SRI hasta el 31 de diciembre, accederán a una remisión del 100 % de intereses, multas y costas. Además, una resolución emitida por el SRI en julio de 2025 contribuyó a que la deuda terminara en cero.
El comunicado de la familia Noboa sostiene que “las obligaciones de las empresas, así como de sus filiales, han sido pagadas en su totalidad de acuerdo a la ley, así como procesos legales pendientes y ahora resueltos, que debido a la persecución constante de unos cuantos, que el odio y el resentimiento los domina, fueron retrasados y bloqueados en el pasado”.
Y mientras se cerraba ese capítulo, el presidente Daniel Noboa habría otro: el 1 de octubre, enviando a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley con carácter económico urgente, denominado Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.La propuesta busca facilitar donaciones privadas a las instituciones encargadas de la seguridad del país, a través de incentivos tributarios. Es decir, quienes donen bienes muebles o inmuebles, insumos o equipos nuevos en condiciones óptimas, podrán acceder a rebajas del impuesto a la renta causado en ese mismo periodo fiscal.
Según el Ejecutivo, el objetivo es canalizar recursos directamente hacia la modernización y operatividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Desde el Gobierno se asegura que, pese a las trabas políticas, la seguridad del país es una “prioridad inaplazable”.
Sin embargo, la coincidencia no es menor. Después de una ley que favoreció directamente a los intereses económicos de su familia, el presidente impulsa una nueva norma que vuelve a premiar a quienes tienen capacidad de donar. El modelo no es nuevo: es la institucionalización del privilegio bajo el disfraz de solidaridad. La seguridad pública, en lugar de ser garantizada por el Estado con fondos públicos y control democrático, se vuelve un terreno de inversión privada con beneficios fiscales para los más acomodados.
Mientras tanto, los hospitales siguen colapsados, la educación pública se precariza, y el acceso a servicios básicos se deteriora cada día. La mayoría de ecuatorianos sigue pagando impuestos sin descuentos, sin favores, y sin milagros legales que alivien su carga.
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