De enero a octubre de 2025, Ecuador ha registrado más de 7.400 asesinatos, según datos de la Policía Nacional. La cifra supera a la del año anterior y deja al país sumido en un clima de miedo e incertidumbre. Las calles se llenan de uniformes, pero no de seguridad. El Gobierno responde con más militares, más estados de excepción y más discursos sobre el “enemigo interno”, mientras la violencia crece y la confianza en las instituciones se desmorona.En este escenario, ser periodista se ha convertido en una profesión de alto riesgo.
Durante el paro nacional de 31 días iniciado el 22 de septiembre de 2025, la Fundación Periodistas Sin Cadenas registró 55 agresiones contra periodistas y comunicadores, mientras Fundamedios reportó más de 170 ataques a la prensa en lo que va del año, entre golpes, amenazas, hostigamientos y censura. Las movilizaciones dejaron al descubierto la desprotección y el abuso de poder estatal: policías y militares actuaron con fuerza desproporcionada incluso ante reporteros identificados. Uno de los casos más graves fue el de Edison Muenala, comunicador kichwa de Apak TV, herido de bala el 14 de octubre mientras cubría un operativo militar en Otavalo. Su medio denunció que un cerco de seguridad le impidió recibir atención médica a tiempo. Ninguno de estos hechos ha recibido una respuesta efectiva de la justicia. La impunidad, una vez más, se impone como norma.
La violencia contra la prensa en Ecuador deja un rastro de casos que siguen sin respuesta. El 4 de marzo, Patricio Aguilar Vásquez, director del medio comunitario El Libertador de Quinindé, murió mientras cubría un supuesto secuestro en Esmeraldas. Recibió cerca de treinta disparos, poco después de publicar reportajes sobre delincuencia en la zona. Meses más tarde, el 21 de agosto, Xavier Ramos, periodista de El Universo, fue hallado sin vida en su domicilio en Guayaquil, con heridas de arma blanca. Ambos casos permanecen en la impunidad, como si informar fuera motivo suficiente para ser olvidado.
Y esta falta de respuesta no es nueva. Los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, el equipo de El Comercio secuestrado y asesinado en 2018, aún esperan verdad y justicia. En 2024, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno entregar las actas del Consejo de Seguridad que documentaban las decisiones tomadas durante el secuestro. Lo que recibieron fueron documentos incompletos, con páginas faltantes y omisiones graves, dejando al descubierto cómo el Estado ha protegido más su imagen que la memoria de los periodistas. Seis años después, las preguntas siguen abiertas y la justicia ausente.
El patrón es claro: violencia, silencio, olvido.Cada agresión sin justicia refuerza la idea de que en Ecuador la prensa está sola, y que informar puede costar la vida. Las políticas de seguridad han puesto el énfasis en la represión, no en la protección; en la fuerza, no en los derechos. Mientras tanto, los periodistas siguen saliendo a la calle con una cámara, una libreta o un celular, tratando de contar un país que cada vez duele más.
La ONU advierte que el 90 % de los asesinatos de periodistas en el mundo quedan impunes. Cada bala, cada documento oculto, cada silencio estatal hiere no solo a la prensa, sino al derecho de todos a saber. En un país que parece acostumbrarse al miedo, el periodismo sigue siendo una de las pocas formas de pensar que aun podemos saber, cuestionar y exigir. Sin embargo, si no hay garantías para quienes lo ejercen ¿dónde quedará todo eso?
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