Cuerpos ignorados, tuberculosis, hacinamiento y masacres carcelarias en Ecuador
Hablar de cuerpos no es un recurso retórico ni una exageración: es nombrar el modo en que el poder administra la vida y la muerte. En las cárceles del Ecuador, el Estado no gestiona derechos ni garantiza condiciones de supervivencia, sino que administra cuerpos hacinados, enfermos y prescindibles. Bajo custodia absoluta, miles de personas privadas de libertad se enferman y mueren en un sistema atravesado por el colapso sanitario, la violencia estructural y la negación sistemática de su condición de grupo de atención prioritaria. Lo que ocurre no es una suma de fallas aisladas, sino una política sostenida de abandono que configura un crimen de lesa humanidad.
La expansión de la tuberculosis es el indicador más visible de esta crisis. En marzo de 2024 se registraban 360 personas privadas de libertad infectadas; para marzo de 2025, la cifra ascendió a 1.131, es decir, se triplicó en apenas un año. Las cárceles con mayor riesgo de contagio son Machala, Los Ríos, El Rodeo, en Manabí, y la Penitenciaría del Litoral, epicentro del colapso. A esta epidemia se suman otras enfermedades transmisibles, como la varicela, que se propagó en la cárcel de El Inca, donde el SNAI confirmó 23 casos y anunció la vacunación de 322 reclusos. Sin embargo, estas respuestas puntuales no enfrentan las causas estructurales: desnutrición crónica, falta de agua, inexistencia de atención médica oportuna y sobrepoblación extrema.
La Penitenciaría del Litoral concentra el 77,89 % de todas las muertes carcelarias registradas en Ecuador en 2025. Entre enero y septiembre, el 8 % de su población murió, principalmente por tuberculosis y desnutrición crónica, según organizaciones de derechos humanos en Guayaquil. El 18 de noviembre, el Servicio de Criminalística levantó los cuerpos de diez reclusos fallecidos por tuberculosis. Los cadáveres, con signos evidentes de desnutrición prolongada, llegan al centro de medicina legal de Guayaquil con una frecuencia de hasta 30 por semana. Son cuerpos que el Estado dejó de contar en vida y apenas registra en la muerte.
Las cifras nacionales confirman que no se trata de hechos excepcionales. Entre enero y septiembre de 2025 murieron 760 personas privadas de libertad en el sistema carcelario ecuatoriano: 358 por “causas naturales”, 297 sin causa determinada y 105 de forma violenta. En todo 2024, el SNAI había reportado 322 fallecimientos. Solo en la Penitenciaría del Litoral, entre enero y septiembre de 2025, se registraron 296 “muertes naturales”, 258 por determinar y 38 violentas. La falta de claridad en las causas no es una falla administrativa, sino un dispositivo que diluye responsabilidades y normaliza la muerte bajo custodia estatal.
El colapso sanitario está directamente ligado al hacinamiento. La Penitenciaría del Litoral fue diseñada para 4.519 personas, pero durante 2025 mantuvo un promedio de 7.250 internos, lo que implica un hacinamiento del 60 %. Dieciséis cuerpos ocupan el espacio pensado para diez. Durante los primeros meses del año se registraban en promedio 37 muertes mensuales; a partir de julio, la cifra se disparó a 87 fallecimientos por mes, según un informe publicado en octubre por la Organización Mundial contra la Tortura. El hacinamiento no es una anomalía: es una condición necesaria para que la enfermedad y la muerte se multipliquen.
Esta realidad convive con una violencia carcelaria sostenida. Entre septiembre y diciembre de 2025 se produjeron cuatro masacres: tres en Machala y una en Esmeraldas. Hasta el 7 de diciembre, dejaron 75 personas privadas de libertad asesinadas, según cifras oficiales. En menos de una semana de septiembre ocurrieron dos masacres, con 14 y 17 muertos respectivamente; en noviembre y diciembre, Machala volvió a registrar 44 fallecidos. La respuesta estatal no fue garantizar condiciones de vida dignas, sino profundizar la militarización, una estrategia que no reduce la violencia ni protege la salud, sino que agrava ambas.
La crueldad del abandono se vuelve explícita cuando el Estado redefine quién merece protección. Las personas privadas de libertad no pierden sus derechos por estar encarceladas; por el contrario, su falta de autonomía las convierte en un grupo de atención prioritaria. Sin embargo, esta protección está hoy en disputa. El lunes 8 de diciembre, la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) presentó un proyecto de enmienda constitucional, impulsado por la asambleísta Lucía Pozo, para modificar el artículo 35 de la Constitución y excluir a las personas privadas de libertad de los grupos de atención prioritaria. La propuesta busca despojarse de la protección reforzada que exige su condición de encierro y trasladar sus derechos a un capítulo distinto, debilitando las obligaciones estatales.
Hablar de cuerpos es, entonces, una decisión política. El Estado no gestiona biografías ni proyectos de vida: gestiona cuerpos. Cuerpos pobres, racializados, enfermos, hacinados, descartables. El cuerpo es el lugar donde se inscriben las jerarquías de la vida, donde se define quién puede morir sin escándalo. En las cárceles del Ecuador, la tuberculosis, las masacres y la exclusión jurídica forman parte de una misma lógica necropolítica: administrar el abandono bajo custodia estatal. No es mano dura ni control del delito. Es negligencia criminal. Es una política de descarte. Es, sin eufemismos, un crimen de lesa humanidad.
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