Queremos estar seguras también en internet
Por: Gabriela Encarnación
La viralidad de la violencia digital es como si fuera un monstruo que cambia de forma escalofriantemente rápida, con diferentes máscaras simultáneas, dientes filosos, risa malvada y una mirada fría. De esos monstruos que nos relatan en las fábulas y películas de terror. Sin embargo, en la vida real quienes se esconden detrás de las pantallas y ejercen violencia digital son personas comunes: comerciantes, profesionales o estudiantes; mientras del otro lado de la pantalla hay un corazón en crisis que necesita apoyo, contención y reparación digna.
En Ecuador, en la investigación sobre el uso de Internet y las violencias digitales que afectan a niñas, niños y adolescentes en el país realizada por ChildFund International en 2025, se evidenció al menos 22 formas de violencia digital, desde el ciberacoso y la suplantación de identidad, hasta delitos como trata y producción de material de abuso sexual infantil. Entre 2014 y 2024 se han realizado 1.584 denuncias relacionadas a violencias digitales. El 38% de los casos se cerraron sin resolución. Únicamente el 6.9% de los casos judicializados resultaron en condena. Por otro lado, el 46.3% desconoce cómo denunciar agresiones digitales
Las vidas afectadas no son números para una estadística más, son historias que fueron marcadas; vidas que se quedan con cicatrices y vidas que se van. Con una intervención y acompañamiento eficiente desde las instituciones educativas se podría garantizar el derecho a una educación integral, inclusiva y de calidad, en entornos libres de violencia. En este marco existe el Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia digital detectadas en el Sistema Nacional de Educación. El cual es de carácter obligatorio aplicar en todas las instituciones del Sistema de Educación en respuesta a la Sentencia de la Corte Constitucional puesto que se determinó que los procedimientos sancionatorios en el ámbito educativo deben considerar un enfoque restaurativo y el cumplimiento de un debido proceso.
La violencia digital es una extensión de un problema estructural más amplio: la desigualdad de género y la misoginia que persisten en nuestra sociedad. Por ello, abordarla requiere un enfoque tripartito: sociedad, víctima y Estado; así como lo expresó la activista mexicana, Olimpia Coral: “luchar socialmente para visibilizar que era una violencia y que las mujeres no tenían la culpa. Luchar con las compañeras para que ellas mismas no asuman la culpa (es una lucha que todavía no acabamos) y luchar para que el Estado lo reconociera como violencia”. Además, con ímpetu se debe remarcar la acción de las empresas tecnológicas y medios de comunicación para hacer frente a la violencia digital.
La expansión del movimiento Ley Olimpia por América a nivel mundial contra la violencia digital representa el coraje de convertir el dolor personal en un faro colectivo, el cual inició con la lucha de Olimpia Coral Melo en 2014, al ser víctima de violencia digital. Años posteriores, el 3 de diciembre de 2018 en el Congreso del Estado de Puebla se aprueba la ley Olimpia en la que se reconoce la violencia digital en la ley de acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres. Un hecho histórico que marca un antes y después en el abordaje de los casos de violencia digital. La legislación se ha replicado en diferentes países, tipificando la difusión no consentida de imágenes íntimas como delito.
Expresar y nombrar la violencia digital a través del arte es reivindicatorio. Cantar y sentirnos removidas en la poesía que exclama justicia por las que están y las que no, porque juntas conformamos la revolución para que el miedo cambie de bando.
“Mírennos bien porque nunca más ni una foto ni un video podrá ser más grande que esto. Venimos caminando de la mano juntas por la libertad de la esclavitud que nos hicieron pasar al culpar a nuestros cuerpos y no a nuestros agresores.”
–Prania Esponda, artista mexicana. Fragmento de la canción Mi amor, no es tu culpa
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