restricciones a medios ecuatorianos y un golpe a la libertad de prensa
En Ecuador, la libertad de prensa ya no se ejerce: se evalúa. El 28 de enero, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un “procedimiento de acreditación, evaluación y gestión estratégica de medios” que, en la práctica, funciona como un manual para determinar qué prensa es apta y cuál no. Bajo el argumento de aplicar “criterios técnicos», se instruyó a las tres ramas militares a revisar previamente a medios y periodistas antes de permitirles cubrir actos oficiales.
Los parámetros incluyen la línea editorial, el tratamiento histórico sobre las Fuerzas Armadas, el rigor informativo y la conducta profesional. Pero el elemento decisivo es la postura institucional frente a su rol constitucional. No solo se examina la calidad del trabajo periodístico, sino el grado de alineación. Además, se establecen mecanismos de exclusión para quienes, según la institución, afecten su imagen pública o la confianza ciudadana, junto con registros estratégicos e incluso fórmulas de “inclusión selectiva” para medios no afines en eventos específicos. La presencia de la prensa deja de responder al interés público y pasa a depender de una aprobación militar.
Esta decisión adquiere otra dimensión si se observa el contexto. Con la ampliación de la presencia militar en calles, barrios y cárceles, el país acumula denuncias graves bajo su responsabilidad. Todos conocemos lo que les hicieron a Saúl, Ismael, Josué y Steven. La muerte en los centros de privación de libertad se ha vuelto una constante, sucediendo ante sus ojos sin respuestas efectivas. En nombre de la seguridad, se han registrado humillaciones sistemáticas y violaciones graves de derechos humanos. Para muchas familias, la militarización no es un discurso político ni un argumento abstracto: es una experiencia marcada por el dolor, el miedo y el horror.
En ese escenario, restringir a la prensa implica restringir la posibilidad de que esos hechos se investiguen y se discutan públicamente. Cuando la institución que ejerce el monopolio de la fuerza decide también quién puede observar y bajo qué condiciones, el equilibrio democrático se resiente.Lo preocupante no es solo la decisión militar, sino la respuesta política. El gobierno, no tiene pretensión alguna de fortalecer los controles civiles ni exigir mayor rendición de cuentas. En lugar de establecer límites claros frente al rol social y público que las Fuerzas Armadas han asumido, se abre paso a un esquema que consolida su influencia y blinda su narrativa.
Una democracia no se fortalece seleccionando preguntas ni premiando afinidades. Se fortalece cuando acepta el escrutinio, incluso —y sobre todo— cuando incomoda. Si la libertad de expresión depende de la aprobación de quienes detentan las armas, el golpe no es retórico: es estructural. Y sus consecuencias no recaen únicamente sobre los periodistas, sino sobre el derecho de toda una sociedad a saber qué ocurre.
- Manual militar para la prensa apta - febrero 11, 2026
- Las juventudes esmeraldeñas están rompiendo distancias y construyendo futuros - febrero 9, 2026
- Esmeraldas fortalece el diálogo y la participación ciudadana - febrero 4, 2026