Por: Valeria González
En el marco del día internacional de la juventud, es necesario recordar que las y los jóvenes no son únicamente el futuro de nuestra sociedad, sino también su presente. Hoy por hoy, en Ecuador la recientemente aprobada Ley Orgánica de Integridad Pública introduce cambios que incrementan las sanciones para adolescentes que infringen la ley, especialmente en casos de delitos graves. Esta normativa reforma tanto el Código de la Niñez y Adolescencia como el Código Orgánico Integral Penal (COIP), y contempla penas de hasta 15 años de cárcel para menores. Sin embargo, la historia y la evidencia nos muestran que el castigo más severo no resuelve las causas profundas del problema.
Criminalizar con mayor dureza a la juventud solo contribuye a perpetuar un ciclo de exclusión y violencia. Muchos jóvenes provienen de contextos marcados por la falta de oportunidades, el abandono estatal y la violencia estructural. A la hora de hablar de las juventudes, más que discursos, se necesita compromiso real para que ningún joven sea empujado a una vida de violencia por falta de alternativas. La sociedad y el Estado tienen el deber de creer en su potencial y brindarles herramientas para desarrollarse plenamente.
La prevención es la verdadera clave. Invertir en educación de calidad, espacios culturales, oportunidades laborales, actividades deportivas y programas de salud mental es construir un entorno donde la delincuencia no sea vista como una opción. Es allí donde la política pública debe poner sus mayores esfuerzos: en fortalecer a la juventud antes de que la violencia la alcance.
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