Ecuador y América Latina frente a la crisis de derechos humanos
“Cuesta pensar en democracia cuando la vida está en constante peligro. Cuesta pensar en democracia cuando las instituciones que deberían garantizar la vida digna son quienes la precarizan”.
— Juana Francis Bone
En 2025, en Ecuador y América Latina, la reflexión con la que abro este texto resuena con una crudeza ineludible. Defender la vida —ya sea la vida humana, la vida comunitaria, la vida ambiental— se ha convertido en un acto que expone, paradójicamente, a la muerte, la persecución o la criminalización. Este fenómeno evidencia que algo profundamente está mal no solo en Ecuador, sino en gran parte de la región.
Ecuador: violencia, militarización e impunidad
Ecuador enfrenta una violencia sin precedentes. Según informes recientes, el país está en camino de registrar más de 9,000 homicidios en 2025, lo que lo convertiría en el año más violento de su historia moderna. Este incremento se atribuye principalmente a la expansión de operaciones de cárteles de drogas y al crimen organizado en las ciudades y las regiones costeras.
La militarización de la seguridad pública, promovida por el Estado, ha intensificado las violaciones a derechos humanos. Organizaciones como Human Rights Watch documentan graves abusos por parte de fuerzas públicas: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, torturas y malos tratos en cárceles y en las calles. El caso de los “Cuatro de Guayaquil” —cuatro niños afroecuatorianos secuestrados por militares y encontrados muertos— se convirtió en un símbolo de esta violencia estatal y su impunidad histórica, aunque recientemente hubo sentencias contra algunos militares implicados.
Las violaciones de derechos no se limitan a la violencia criminal: grupos de defensores del agua, la tierra y los derechos ambientales enfrentan hostigamiento judicial, amenazas, detenciones arbitrarias y procesos legales dirigidos a silenciar su trabajo. De acuerdo con Amnesty International, al menos seis defensoras y defensores de derechos humanos han sido procesados o encarcelados por su labor en contextos de consulta ambiental y derechos comunitarios. La organización también documenta arrestos arbitrarios de defensores que observaban protestas por cortes de energía en Quito, así como la persistente estigmatización pública por parte del gobierno.
Esto no es un accidente ni hechos aislados. Es parte de una dinámica general: cuando las instituciones no protegen, sino que reprimen, la democracia deja de ser un marco de convivencia para transformarse en un mecanismo de exclusión y control.
La violencia contra quienes defienden la vida
La situación en Ecuador está inscrita en una tendencia regional alarmante. América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para personas defensoras de derechos humanos y ambientales. En 2024, al menos 120 defensores ambientales fueron asesinados o desaparecidos en la región, representando el 82 % de los casos registrados a nivel mundial.
Adicionalmente, en 2024 se documentaron 257 asesinatos de defensores de derechos humanos en América Latina, cifras que reflejan la violencia persistente contra quienes luchan por la justicia, los derechos de las comunidades, la tierra y el ambiente.
Los defensores de territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos están especialmente expuestos. En Ecuador, por ejemplo, el defensor ambiental Néstor Caicedo recibió amenazas directas vinculadas a su trabajo de protección territorial en Esmeraldas, en un contexto donde actores armados y empresas extractivas operan con impunidad.
A nivel global, desde 2012 hasta 2022 se han registrado más de 1,300 defensores ambientales asesinados en Latinoamérica, lo que ilustra la persistencia y magnitud de esta crisis.
Criminalización como estrategia de silenciamiento
La violencia física es solo una parte de la agresión que enfrentan defensoras y defensores. La criminalización de la protesta y de la defensa de derechos se ha convertido en una herramienta clave para silenciar voces disidentes. En Ecuador, defensores del agua y de los territorios han enfrentado procesos judiciales por supuestos delitos vinculados a consultas ambientales, lo que evidencia un uso del aparato judicial para neutralizar la disidencia.
Organizaciones civiles internacionales han denunciado también el acoso judicial a grupos de derechos humanos consolidados desde hace décadas, como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), que enfrenta ataques legales por su trabajo crítico. A nivel regional, el Encuentro Regional de Personas Defensoras en América Latina denunció la criminalización, estigmatización, amenazas y violencia judicial como prácticas sistemáticas dirigidas contra quienes defienden derechos humanos, ambientales, laborales o territoriales, señalando a gobiernos, corporaciones y redes de poder como responsables.
Democracia en jaque: ¿qué significa defender la vida?
Una democracia sólida no puede concebirse en un contexto donde defender la vida —la vida de las mujeres frente a la violencia de género, la vida de comunidades indígenas ante la extracción de recursos, la vida de activistas frente a la represión judicial— se convierte en una actividad de alto riesgo.
En Ecuador, la violencia contra mujeres y niñas continúa siendo endémica, con cientos de muertes violentas y feminicidios que reflejan fallas profundas en las políticas públicas de protección.La precariedad de la vida no es solo física, sino también social y económica: las tasas de pobreza alcanzan más del 26 %, con zonas rurales superando el 40 %, el empleo informal domina el mercado laboral y millones enfrentan hambre.
Cuando los Estados no garantizan acceso a la justicia, la seguridad, la salud, la educación o la integridad física de sus ciudadanos, la democracia se desdibuja. Las instituciones que deberían proteger terminan precarizando la vida.
Frente a esta crisis, defensores y movimientos sociales de toda América Latina han exigido garantías reales para ejercer la defensa de derechos humanos sin miedo a la violencia, la criminalización, las amenazas o la muerte. (Espacio OSC)
La comunidad internacional también ha levantado la voz: organismos como Front Line Defenders y otros han hecho un llamado urgente para poner fin a la militarización y represión en Ecuador y garantizar el respeto al derecho a protestar y defender derechos.
Una democracia que no protege es una democracia herida
Defender la vida no debería ser un acto de valentía extrema. Defender los derechos humanos no debería exponerte a amenazas, persecución o muerte. Pero en Ecuador y en gran parte de América Latina en 2025, esta es la dura realidad.
La democracia se debilita cuando las instituciones encargadas de proteger terminan siendo parte del problema. Se deteriora cuando las defensoras y defensores se enfrentan a fuerzas implacables sin protección efectiva. Se erosionan cuando la justicia se convierte en un arma y no en un escudo.
Que “defender la vida ponga en riesgo la vida” sea hoy un identificador de que todo está mal no es una frase poética: es un llamado urgente a la acción, a transformar las estructuras que permiten la violencia, la impunidad y la desprotección de quienes luchan por un mundo más justo. La vida y la democracia no pueden seguir siendo un privilegio. Deben ser el fundamento de toda sociedad.
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