¿Podemos hablar de futuro si no cuidamos su presente?
Hoy en Ecuador, la violencia no solo golpea las calles: atraviesa los cuerpos, los sueños y las posibilidades de nuestras infancias y juventudes. Lxs niñxs y adolescentes, que deberían estar protegidxs por un Estado garante de derechos, viven cada vez más atrapadxs en una violencia cotidiana y sistemática que les despoja de la idea de siquiera pensar en un futuro. En los primeros siete meses de 2025, 336 niñxs y adolescentes fueron asesinadxs de forma violenta, un 50% más que en 2024 y más de 700% por encima de lo registrado en 2016. El 91% eran adolescentes entre 13 y 17 años. Es decir, una generación que llega a la vida adulta marcada por la inseguridad, siendo criminalizada y castigada, en lugar de protegida.
La violencia organizada ha encontrado en ellxs un blanco fácil: les recluta, les usa, les descarta. Y mientras tanto, el Estado responde con más castigo. La Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobada en junio de este año, endurece penas y borra opciones de justicia restaurativa. Lo que debería ser protección, se convierte en una maquinaria que empuja a lxs adolescentes hacia cárceles y condenas que solo profundizan la exclusión y la desesperanza.
Entre los cambios más preocupantes están:
- Aumento de penas para adolescentes: la sanción máxima pasó de 8 a 15 años, lo que significa que muchxs cumplirán parte de su condena en centros penitenciarios para adultxs.
- Internamiento como regla: se eliminó el uso de medidas alternativas a la prisión para delitos con penas superiores a 5 años, así como beneficios de regímenes abiertos o semiabiertos.
- Prisión preventiva extendida: se amplió de 90 días a un año el tiempo máximo de internamiento preventivo para adolescentes acusadxs de delitos graves.
Estas disposiciones contradicen tanto la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a usar la privación de libertad solo como última medida y por el tiempo más breve posible, como la propia Constitución ecuatoriana, que establece que lxs adolescentes deben recibir medidas socioeducativas proporcionales, no castigos pensados para adultxs.
Como si esto no fuera suficiente, el aparato legislativo les falla nuevamente, al no aprobar, el pasado mes de mayo, la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Una normativa de más de 700 páginas que proponía modernizar el sistema de protección integral, garantizar corresponsabilidad entre Estado, sociedad y familia, y fortalecer la justicia penal adolescente con un enfoque restaurativo, orientado a la rehabilitación y no al castigo. Se necesitaban 70 votos, pero apenas hubo 45 a favor y uno en contra, mientras que otros 60 asambleístas se abstuvieron. La propuesta incluía medidas para prevenir el reclutamiento forzado de adolescentes por grupos criminales, optimizar procesos de adopción, regular la custodia compartida y reconocer la capacidad jurídica progresiva de niñxs y adolescentes.
Todo un sistema, les ve como descartables y se nota en cada decisión tomada, no hay una preocupación real por quienes en su andar llevan consigo el futuro. Pero, ¿Podemos hablar de futuro cuando el presente de quienes lo representan está atravesado por la muerte, el encierro y la indiferencia política? ¿Podemos hablar de esperanza si normalizamos que cada mes decenas de niñxs y jóvenes sean asesinadxs, mientras las leyes que podrían protegerles quedan archivadas? Protegerlxs no es un acto de caridad: es una obligación inadulible
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