Históricamente, Esmeraldas es una de las provincias del Ecuador que más sufre el abandono del Estado: el racismo, la inseguridad, la falta de políticas efectivas para su desarrollo social, económico y el acceso a una vivienda digna. En Esmeraldas, según el Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia del 2013, el 98% de las necesidades básicas están insatisfechas, la tasa de mortalidad infantil es de 37,2% —mientras que la media nacional es de 32,1%— y la tasa de analfabetismo de personas de 15 años en adelante fue de 8,3%.
Las condiciones de vida en los sectores de las periferias y comunidades rurales esmeraldeñas se ven aún más afectadas por los eventos naturales ocurridos, que dejan en evidencia la urgencia de una intervención estatal integral. Hagamos un recuento de los últimos eventos.
En el 2013, un alud dejó como saldo la muerte de 13 personas en la comunidad de Tabete, en el cantón de Esmeraldas. Múltiples familias perdieron sus viviendas. Hasta la actualidad hay familias que continúan en albergues esperando por una respuesta que les permita recuperar su vida.
En enero del 2016, el desbordamiento de los ríos Tabiazo y Esmeraldas afectó las casas de barrios populosos en el cantón de Esmeraldas. Diecisiete familias que lo perdieron todo aún no encuentran un nuevo hogar y han pasado por cuatro albergues y su supervivencia ha dependido de aportes voluntarios del sector privado, iniciativas ciudadanas, entre otros. Tres meses después, 16 de abril del 2016, el terremoto evidenció aún más las deudas del Estado en Esmeraldas, resaltando con gran preocupación los puntos del epicentro.
Y, el 26 de marzo pasado, se registró un sismo de magnitud 6.0 en el cantón Esmeraldas, según lo reportó el Instituto Geofísico de Ecuador. El movimiento telúrico ocurrió a 10 kilómetros de profundidad en el océano Pacífico y a 11,79 kilómetros de esa ciudad. Nuevamente puso en pánico a la ciudadanía y, otra vez, la ausencia del Estado.
La lentitud de respuestas y las medidas poco acertadas (municipio, prefectura y presidencia) han hecho que la ciudadanía exija una intervención estatal eficaz y que el regreso a la “normalidad” sea con trato digno.
Tres días después del reciente sismo, el Mandatario expresó que la responsabilidad de su administración es apoyar a las y los ciudadanos en momentos de angustia y por eso “denunciamos actos de evasión tributaria porque aquellos que cometen ese delito, les dan la espalda a los ecuatorianos; aquellos que pidieron o exigieron dinero a cambio de votos son aquellos que no comprenden que esos recursos sagrados son del pueblo y que deben estar a disposición para estas situaciones de desastre (…) Por fortuna el gobierno no necesita de la Asamblea para dar la mano en lo urgente, porque si no imagínense, la ayuda no les llegaría nunca”.
Pero, han pasado 15 días y la realidad es que los esfuerzos son escuetos. Las brigadas de las instituciones no han llegado a levantar información en los sectores afectados en su totalidad y, por ende, un centenar de familias se encuentran fuera de los registros; otras tienen una semaforización no adecuada (niveles de daño o riesgo para priorizar la ayuda estatal) por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI.
