Cerramos el 2024 en Ecuador inmersos en una profunda crisis institucional. Sin embargo, para las comunidades negras, afrodescendientes y cimarronas, esta situación no representa una novedad, pues el racismo estructural continúa tomando formas diversas e instrumentalizándose a través de las instituciones del Estado. Una manifestación reciente y alarmante de esta realidad es el denominado «etnocidio estadístico», cuyos impactos afectan profundamente la vida y los derechos de estas comunidades históricamente marginadas.
El etnocidio estadístico no solo evidencia el abandono estatal, sino también el desinterés por implementar políticas públicas efectivas que garanticen los derechos de estas comunidades. La controvertida disminución en los registros oficiales de la población afrodescendiente en el Censo de Población y Vivienda 2022 ha desatado una ola de indignación y acciones legales lideradas por organizaciones afroecuatorianas y defensoras de derechos humanos.
Una acción de protección como respuesta al borrado estadístico
Representantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras (CONAMUNE), la Fundación Azúcar, la Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentaron una acción de protección en contra del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La acción busca que se dejen sin efecto los resultados del censo 2022 y se retomen los datos del censo 2010, alegando que más de 400 mil personas no fueron censadas o no se les permitió autoidentificarse.
Según Diana León, asesora legal de Inredh, esta situación afecta a la población afroecuatoriana a nivel nacional, ya que «los resultados demográficos oficiales reducen drásticamente la representación de la comunidad negra del 7,2% en 2010 al 4,8% en 2022». Este descenso ha sido atribuido a fallas metodológicas y constituye una vulneración de derechos fundamentales como la identidad, la igualdad, la no discriminación, el autorreconocimiento y la autodeterminación.
El impacto de los errores censales en las políticas públicas
Sonia Viveros, directora de la Fundación Azúcar, destacó que esta disminución poblacional tiene repercusiones directas en la asignación presupuestaria y en el diseño de políticas públicas. «El INEC debe reconocer el error estadístico y el daño cometido a la población afroecuatoriana. Los resultados del censo repercuten no solo en cifras, sino también en la invisibilización de nuestras necesidades como pueblo», enfatizó Viveros.
Por su parte, Alodia Borja, abogada del pueblo afroecuatoriano, argumentó que este proceso constituye un etnocidio al afectar la autodeterminación de la comunidad. Además, denunció que las declaraciones de representantes del Estado ecuatoriano ante Naciones Unidas, según las cuales el pueblo afroecuatoriano se habría identificado como mestizo, reflejan una narrativa que busca negar la existencia misma de esta comunidad.
Más allá de las cifras: la lucha por los derechos
El censo 2022, realizado entre 2022 y 2023, reportó una población total de 16 millones 938 mil 986 personas en Ecuador, de las cuales el 77,5% se identificó como mestizo, el 7,7% como indígena, el 7,7% como montubio, el 2,2% como blanco y solo el 4,8% como afroecuatoriano. Esta cifra, significativamente menor al 7,2% reportado en 2010, ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y fiabilidad del proceso censal.
En palabras de Irma Bautista, coordinadora nacional de CONAMUNE, «este censo ha hecho desaparecer a nuestro pueblo, nuestra gente. Por ello, desconocemos los resultados del censo 2022». Las comunidades afrodescendientes insisten en que se reconozca la vulneración de sus derechos y se garantice un censo inclusivo que refleje su realidad.
Hacia una reparación histórica
La acción de protección presentada por las organizaciones busca no solo corregir los errores del censo, sino también sentar un precedente en la lucha contra el racismo estructural en Ecuador. La demanda exige que el Estado reconozca las violaciones cometidas y garantice la implementación de políticas públicas que promuevan la igualdad y la justicia para las comunidades afrodescendientes. Mientras las organizaciones esperan el sorteo de la causa y el inicio del proceso judicial, esta acción se erige como un recordatorio de la resistencia y la lucha por la dignidad de los pueblos afroecuatorianos, quienes continúan defendiendo su identidad, derechos y lugar en la historia de Ecuador.
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