El 25 de julio de 2025, la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, anunció que pasaríamos de tener 20 ministerios a solo 14. Como resultado, van a despedir a 5.000 funcionarios públicos. No es una coincidencia. No es algo que “había que hacer”. Es una decisión pensada, calculada, que responde a una lógica muy clara: quitar derechos y entregar lo público al mejor postor. Eso se llama neoliberalismo. Y lo están imponiendo con rapidez y a la fuerza, aprovechándose del miedo, del caos, de la violencia que atraviesa al país. 

Cuando la gente está en crisis, confundida, desorientada, es más fácil aplicar medidas radicales sin resistencia. Eso es exactamente lo que describe Naomi Klein como la doctrina del shock: aprovechar momentos de crisis, catástrofes o miedo para imponer medidas que de otro modo el pueblo no aceptaría. Nos tiran leyes una tras otra. Funden ministerios. Cierran instituciones. El país cambia de la noche a la mañana. Y todo tan rápido, que ni siquiera nos damos cuenta de que nos están despojando de lo poco que nos queda.

Nos quieren hacer creer que se trata de eficiencia, pero lo que están haciendo es desmontar los servicios públicos y debilitar derechos. El Ministerio de Vivienda se va con el de Obras Públicas. Cultura y Patrimonio desaparece dentro del Ministerio de Educación. También se suma ahí el Ministerio del Deporte y la Secretaría de Educación Superior. El Ministerio del Ambiente se fusiona con Energía (¿cómo puede ser esto posible?). Turismo lo mezclan con Producción. El Ministerio de la Mujer se fusiona al Ministerio de Gobierno. Varias otras secretarías también se disuelven. Todo va quedando en pocas manos, en un mismo saco. Y los temas sociales, culturales y ambientales, son diluidos por el egoísmo del poder.

Mientras tanto, hace unos días se confirmó que el gobierno de Noboa aplicará un ajuste fiscal brutal: más de 5.600 millones de dólares entre 2025 y 2028. Esto es parte del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aumentó el préstamo al país a 5.000 millones. ¿Y cómo se va a pagar? Con más impuestos para el pueblo y con recortes al gasto público. Otra vez, el FMI manda y el gobierno obedece. Lo hemos visto antes. Y sabemos cómo termina.

No es casualidad que al mismo tiempo estén aprobando leyes «urgentes». Por ejemplo, la Ley de Solidaridad Nacional, que da beneficios a empresas que donen a policías y militares. La Ley de Integridad Pública, que impone evaluaciones y posibles despidos a empleados públicos. La Ley de Áreas Protegidas, que permite que privados administren nuestras reservas naturales. Y ya se viene una cuarta ley económica urgente, según confirmó Niels Olsen, presidente de la Asamblea, este 24 de julio. Pero, de seguro nada bueno para nosotros: el pueblo.

Nos están quitando la salud, la educación, la jubilación, el trabajo, el territorio, la vida. Nos roban en la cara. Y lo peor es que lo hacen en nombre del «progreso», de la «eficiencia». Esto es lo que pasa cuando gobiernan los que no sienten el más mínimo respeto ni empatía por el pueblo. Cuando el poder está en manos de quienes creen que Ecuador es una empresa y no una comunidad. Y mientras sigamos en shock, seguirán avanzando. 

Samira Folleco