Más de uno se incomodó
En medio del ritmo acelerado con el que el gobierno de Daniel Noboa venía legislando, la Corte Constitucional decidió ponerle freno a tres de sus principales leyes: la de Solidaridad Nacional, la de Inteligencia y la de Integridad Pública. Suspendió provisionalmente artículos clave que consideró vulneraban derechos fundamentales, cumpliendo así su función de controlar que el impulso legislativo no pase por encima de la Constitución ni de los derechos de la ciudadanía.
¿Qué hizo específicamente la corte constitucional?
La Corte Constitucional admitió 34 demandas de inconstitucionalidad presentadas por ciudadanos, colectivos y organizaciones. En consecuencia, suspendió temporalmente 17 artículos de las leyes del Ejecutivo. Entre los puntos más delicados estaban las interceptaciones sin orden judicial, el acceso a bases de datos personales sin control, la ampliación de figuras como “enemigos internos” y el uso de bienes civiles como “objetivos militares”. Todo esto, bajo la narrativa de “guerra” y “emergencia”.
El poder, al fin, probó la sensación de disgusto que el pueblo vive todos los días
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. Apenas la Corte Constitucional anunció la suspensión provisional de artículos clave de las leyes de seguridad, el oficialismo encendió las alarmas. En una cadena nacional, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, apareció rodeada de policías y militares para lanzar una acusación directa: “¿Quién responde por dejar al país sin defensa?”. El mensaje fue claro: para el Ejecutivo, la Corte había cruzado una línea que no podía permitirse.Poco después, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, reforzó la ofensiva. Criticó que los jueces tomarán su decisión “detrás de un boletín” y exigió “una explicación con cara y fundamentos”. No fue un reclamo técnico, sino político.
El poder está molesto. No solo por el fallo de la Corte, sino porque —por primera vez en meses— alguien le dijo “hasta aquí”. Y ahí apareció Daniel Noboa, anunciando que marchará el 12 de agosto “junto al pueblo”. Pero ¿desde cuándo el poder marcha contra los límites democráticos? La contradicción es clara: cuando el Gobierno llama a la calle, lo llama participación ciudadana; cuando lo hacen quienes acuerpan la crisis del país todos los días, son tachados de “desestabilizadores”. Al parecer, no todos tienen el mismo derecho a protestar, y no todos son reconocidos como pueblo.
La decisión de la Corte Constitucional no solo descolocó al Gobierno, sino a todo un aparato estatal que venía funcionando en piloto automático, ignorando las voces críticas y empujando leyes que tocaban derechos fundamentales. El poder reaccionó con molestia porque, por primera vez, no pudo avanzar sin freno. Pero lo que está en juego no es solo una disputa institucional, sino el fondo mismo de la democracia: si se gobierna con participación real o solo con discurso; si se protege al pueblo o se le usa como excusa.
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