Esta es una cronología de la censura que enfrentan nuestras y nuestros periodistas en Ecuador desde que empezó el paro nacional en septiembre de 2025. Entre el 15 de septiembre y el 5 de octubre, Fundamedios reportó 31 agresiones a periodistas y medios, pero esa cifra es solo un estimado. Sabemos que hay muchos más casos que no han sido denunciados o documentados. Colegas han sido gaseados en plena cobertura, golpeados por las fuerzas de seguridad, censurados digitalmente y hasta deportados. Todo por hacer su trabajo: contar lo que está pasando desde los territorios, donde el Estado no quiere que se mire.
Uno de los casos más graves es el del periodista español Lautaro Bernat, detenido el 5 de octubre en Quito mientras registraba la represión a las comunidades en resistencia en la provincia de Imbabura. Lautaro fue arrestado sin explicación, sin acceso a su embajada ni a una defensa legal, y fue deportado esa misma noche. No estaba atentando contra “la seguridad nacional”, como dijeron desde el discurso oficial. Estaba mostrando otra mirada: la que enfoca directamente la violencia con la que el Estado responde a los pueblos que siguen de pie.
Unas semanas antes, el canal comunitario indígena TV MICC, en Cotopaxi, fue silenciado. Su señal fue suspendida justo cuando más se necesitaba escuchar lo que ocurría en los territorios. La censura no fue solo simbólica: fue concreta, y dirigida a quienes han sostenido históricamente las luchas desde abajo.
Y mientras la represión crece, también se interfiere el trabajo de los medios comunitarios y populares. Algunos compañeros han denunciado que no pueden publicar contenido en sus páginas web o redes sociales. La represión no solo es física: también se libra en el espacio digital, donde se intenta borrar la narrativa que no responde al discurso del poder.
Aunque este escenario parece nuevo por su intensidad, los antecedentes ya estaban claros desde hace tiempo. En junio de 2024, el gobierno revocó la visa de residencia de la periodista cubana Alondra Santiago, argumentando que había cometido actos contra la seguridad del Estado. ¿La razón real? Haber publicado una crítica en forma de canción. También ese año, el programa «Los Irreverentes», conducido por Sol Borja, Fabricio Vela y José Luis Cañizares, fue cancelado tras presiones del Gobierno.
No se necesita que alguien diga que vivimos en dictadura para saber que lo es. Cada deportación, cada medio silenciado, cada periodista agredido confirma lo que desde el poder se niega: que hay una estrategia clara para apagar la crítica, controlar la información y reducir la prensa a propaganda.
Pero frente a eso, seguimos contando. Nuestros compas siguen en las calles, en los territorios, en las redes, registrando, preguntando, resistiendo. Porque informar en Ecuador se ha vuelto una tarea de alto riesgo, sí. Pero también una forma de dignidad y compromiso con quienes no tienen micrófono ni cámara. Este no es solo un recuento. Es una denuncia, un acto de memoria y un recordatorio de que no estamos dispuestos a callar.
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