Disposición de nuevo modelo de gestión territorial
El presidente Daniel Noboa dispuso la implementación de un nuevo modelo institucional de gestión en territorio, anunciado el 4 de agosto de 2025 por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. La propuesta oficial promete que “las entidades de la Función Ejecutiva se acerquen más a la ciudadanía”, reorganizando su presencia en direcciones provinciales, zonales y distritales.
Pero, ¿a acercarse a qué ciudadanía? ¿A la misma que, en estas últimas semanas, ha sido despojada de sus derechos fundamentales y servicios esenciales? Un gobierno que anuncia más cercanía, pero que en la práctica reduce el acceso a lo básico, desde la cultura y el arte hasta la salud y la educación, solo deja espacio para pensar que la verdadera intención es obtener más control y concentración de poder en territorios donde aún no lo ha logrado.
Más allá del discurso, queda por preguntarse si este rediseño institucional es realmente necesario o si responde a una estrategia de concentración del poder en el Ejecutivo. Con menos personal y estructuras más centralizadas, el reto será garantizar que la atención llegue a todas las provincias y no se priorice el control político por encima de las necesidades locales.
En un país con marcadas desigualdades territoriales, el nuevo modelo solo tendrá sentido si logra ampliar la cobertura y calidad de los servicios, especialmente en zonas históricamente marginadas. De lo contrario, será otro movimiento administrativo que, en lugar de acercar al Estado, lo aleja.
Y es que las decisiones políticas no se toman en el vacío: reflejan la forma en que un gobierno entiende —o ignora— lo que significa ciudadanía. Cuando las medidas parecen diseñadas más para administrar poder que para garantizar derechos, la distancia entre el Estado y la gente no se acorta, se profundiza.