¿Hasta cuándo insistiremos con lo mismo?
Con el país cerrando 2025 como el año más violento de su historia reciente, el gobierno de Daniel Noboa presentó su plan de seguridad para 2026 prometiendo más capacidad operativa, más tecnología y mayor presencia militar. El anuncio llega en un momento incómodo: las cifras de homicidios no muestran una tendencia a bajar sino a la consolidación de un nuevo récord. En lugar de partir de una evaluación pública sobre por qué las estrategias previas no lograron estabilizar la violencia, el Ejecutivo optó por profundizar la misma lógica de confrontación.
Según lo expuesto por el Ejecutivo, el plan contempla 11 proyectos estratégicos y una inversión cercana a 180 millones de dólares destinados a la adquisición de helicópteros, radares tridimensionales, escáneres, drones y modernización de controles fronterizos, además del fortalecimiento de operaciones conjuntas entre Fuerzas Armadas y Policía. Sin embargo, más allá de los anuncios limitados que brindan a la ciudadanía, no se ha difundido un documento técnico integral que detalle metas verificables, cronogramas, indicadores de reducción del delito ni mecanismos de evaluación independiente. No existe una hoja de ruta pública que permita medir su eficacia real o si quiera opinar con argumentos, porque no los hay.
El antecedente inmediato es el Plan Fénix, lanzado en 2024 bajo la lógica de confrontación directa y militarización ampliada tras la declaratoria de conflicto armado interno. Presentado como el inicio de la recuperación del control estatal, el plan destacó más por su estrategia comunicacional que por la claridad de sus medidas: los anuncios públicos se centraron en operativos, detenciones y despliegues, mientras nunca se publicó un documento técnico completo que permitiera evaluar objetivos, resultados o ejecución presupuestaria con estándares de transparencia. La seguridad no puede seguir siendo un tema resuelto “puertas adentro”; la ciudadanía tiene derecho a saber con detalle qué se hace, cómo se mide y cuáles son los resultados reales de cada política aplicada.
Las cifras de homicidios ofrecen el contraste más contundente. En 2023 Ecuador cerró con más de 8.200 asesinatos, el registro más alto hasta entonces. En 2024 se produjo una reducción a 7.063 homicidios, presentada como señal de mejora. Sin embargo, la tendencia no se consolidó: en 2025 el país alcanzó 9.216 muertes violentas, el número más alto de su historia reciente y una tasa cercana a 51 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Ese repunte no puede leerse como un simple accidente estadístico. Ocurre después de dos años de intensificación militar, estados de excepción recurrentes y ampliación del control operativo del Estado. Si la estrategia hubiera logrado desarticular estructuralmente a las organizaciones criminales, la tendencia debería mostrar una reducción sostenida. El hecho de que el indicador más sensible de seguridad pública vuelva a dispararse sugiere que la política aplicada puede contener temporalmente ciertos focos, pero no altera las dinámicas profundas del crimen organizado, que se reconfigura, se adapta y desplaza territorialmente.
La pregunta, entonces, no es solo cuánto se invierte, sino qué resultados concretos produce cada dólar destinado a la militarización. Mientras el presupuesto prioriza equipamiento y despliegue, siguen sin presentarse con igual claridad políticas robustas de prevención territorial, fortalecimiento del sistema de justicia, inteligencia financiera contra las economías ilícitas y reforma penitenciaria integral. Sin acceso a un documento detallado que permita escrutinio ciudadano y técnico, el plan 2026 corre el riesgo de convertirse en otra caja negra presupuestaria. Y frente a cifras históricas de homicidios, la interrogante persiste: si la mano dura fuera una solución integral, ¿por qué el país registra hoy más muertos que antes?
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