Mapa del desastre y la ausencia de prevención
En Ecuador, la temporada invernal llega cada año como una tragedia anunciada. Las lluvias no sorprenden, pero el país igual se desborda. Vuelven el agua, los ríos crecidos, los deslaves… y con ellos, las mismas escenas: casas sumergidas, carreteras partidas, comunidades aisladas, familias desplazadas. Lo único que nunca llega con la lluvia es la prevención. Porque, aunque todo esto se repite una y otra vez, no es la primera vez. Y, lamentablemente, tampoco será la última.
Si trazáramos un mapa con los puntos más afectados en estas semanas, el país entero parecería un territorio de emergencia. En la costa norte, el cantón Muisne, en la provincia de Esmeraldas, también enfrentó afectaciones por las lluvias: el 15 de abril, el barrio Santa Rosa —uno de los más grandes— registró inundaciones que obligaron a una respuesta inmediata. En este caso, hubo presencia y atención por parte del municipio local, pero esa reacción no es la norma en el resto del país, donde la mayoría de gobiernos municipales carecen de planes de prevención de riesgos o, si existen, no se ejecutan ni operan de forma funcional.
Bajando por la costa, en la provincia de Manabí, las lluvias han dejado gran destrucción. Chone, según un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), es el cantón más vulnerable a inundaciones en todo el país. Su ubicación geográfica, entre cerros y cruzado por varios ríos, lo vuelve especialmente expuesto. Le siguen Portoviejo, la capital provincial, donde los desbordamientos y la acumulación de agua son una amenaza permanente. Ambas ciudades tienen miles de habitantes viviendo bajo riesgo constante.
En la provincia de El Oro, Machala es otro de los epicentros del desastre. Las lluvias del 27 de marzo dejaron barrios enteros sumergidos y deslizamientos en varios cantones. Aún hoy, muchas zonas siguen bajo el agua, mientras la asistencia llega tarde y mal.
Los Ríos, como cada año, repite el patrón. En Babahoyo, la capital provincial, los kilómetros 53 y 54 de la carretera E25 colapsaron por la acumulación de agua. Sus múltiples afluentes —Babahoyo, Chilintomo, Catarama, San Pablo, entre otros— vuelven intransitables las vías y altamente vulnerables los barrios bajos. Jujan, también identificado por la SNGR como uno de los cantones más propensos a inundaciones, activó su COE desde febrero. Aun así, su cabecera cantonal terminó bajo el agua, cementerio incluido.
En la provincia del Guayas, Guayaquil, sufrió nuevamente fuertes inundaciones tras las lluvias del 11 de abril. En los sectores periféricos, el agua entra sin pedir permiso, y los afectados saben que la ayuda institucional probablemente nunca llegará. La informalidad en la urbanización, la falta de infraestructura pluvial y la segregación territorial agravan el problema año tras año.
En el interior del país, provincias como Loja y Azuay enfrentan otro tipo de desastre: los deslizamientos. En Loja, comunidades rurales vieron cómo las lluvias arrastraban viviendas, cultivos, caminos. La emergencia aquí es silenciosa, pero no menos grave.
Hasta ahora, ocho provincias han sido declaradas en emergencia por la temporada invernal: El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Loja y Azuay. Entre el 1 de enero y el 4 de marzo, 14 personas han muerto y cerca de 76 000 han resultado afectadas por eventos relacionados con las lluvias, según datos oficiales.
Pero no es solo la lluvia lo que destruye. Es la negligencia. Es la normalización del desastre. Es un país donde los gobiernos locales improvisan, sin presupuesto ni capacitación, y donde el Estado central reacciona con lentitud o indiferencia. Aunque algunos municipios —como el de Muisne— logran dar una respuesta inicial, la regla general es la ausencia de planes de prevención efectivos. Si existen, no se ejecutan. Y si se ejecutan, no funcionan.
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