Las comunidades woaroani rechazan la explotación petrolera en su territorio
El pasado 13 de mayo, más de 100 indígenas Waorani se dieron cita en la Corte Constitucional, luego de caminar durante tres días desde los cantones Puyo y Arajuno. Su demanda es clara: exigir que se garantice su derecho —y el de otras comunidades indígenas— a decidir sobre sus territorios ancestrales.
Esta movilización responde a los planes del gobierno ecuatoriano de abrir nuevos territorios a la extracción de petróleo sin consultar a los pueblos originarios. En particular, se denuncia la posible licitación del Bloque Suroriente, que afecta directamente al territorio ancestral del pueblo Waorani.
¿Qué es una licitación petrolera?
Es un proceso mediante el cual el Estado ofrece bloques de tierra —en este caso, en la Amazonía — a empresas nacionales o extranjeras para que realicen exploración y explotación de petróleo. La licitación implica la entrega del derecho a intervenir estos territorios durante años, y muchas veces sin el consentimiento de las comunidades que los habitan.
En enero de 2025, el gobierno de Daniel Noboa presentó a inversionistas internacionales un portafolio de proyectos para reactivar el sector petrolero, el cual forma parte de un plan de inversiones de USD 42.000 millones hasta 2029. Entre las propuestas se incluye una nueva ronda de licitaciones petroleras en el suroriente del país, incluyendo zonas como la provincia de Pastaza, de la cual no se está extrayendo crudo en la actualidad.
¿Cómo se puede hablar de reactivación petrolera ignorando la voluntad popular?
Uno de los objetivos clave de este plan es incrementar la producción petrolera. Sin embargo, esta intención entra en contradicción directa con una decisión ya tomada por el pueblo ecuatoriano: el cierre del bloque petrolero ITT, una de las mayores reservas del país. En la consulta popular, la mayoría de ecuatorianos votó a favor de detener la extracción de petróleo en esta zona, rica en biodiversidad y hogar de pueblos en aislamiento voluntario.
Entonces, ¿cómo pretende el gobierno aumentar la producción de petróleo si uno de sus campos más productivos ha sido cerrado por mandato ciudadano? ¿Ignorarán esta decisión y lo reabrirán, burlando así la voluntad del pueblo?
Frente a este escenario, las comunidades Waorani han presentado una carta al juez de la Corte Constitucional, Richard Ortiz, en la que solicitan que se priorice la causa 1296-19-JP. Esta causa busca sentar jurisprudencia nacional sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, tal como lo garantizan la Constitución y los tratados internacionales firmados por Ecuador.
En 2019, la Corte Provincial de Pastaza ya había fallado a favor de 16 comunidades Waorani en una acción de protección contra el Estado, por la violación de sus derechos a la autodeterminación, a la consulta previa y a los derechos de la naturaleza. A pesar de ese fallo histórico, no hubo un seguimiento adecuado y hoy la historia amenaza con repetirse.
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