El 18 de septiembre de 2025, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció un paro nacional inmediato e indefinido. Esta decisión no surgió de la nada, ni responde a intereses oscuros, como se ha querido hacer creer desde el poder. Es la expresión legítima de un pueblo que está cansado. Cansado de ser ignorado, de ser empujado cada vez más hacia los márgenes de la dignidad. Cansado de sobrevivir en medio de políticas económicas insensibles y decisiones políticas alejadas de las necesidades reales de la población.
Desde el lunes 22 de septiembre, comunidades enteras en la Sierra Norte comenzaron a movilizarse. No fue solo en rechazo a una medida aislada. Fue una respuesta colectiva a una serie de atropellos acumulados: el colapso del sistema de salud pública, la escasez de empleo, el encarecimiento brutal de la canasta básica, y una crisis de seguridad que ha convertido al país en un territorio cada vez más hostil para sus propios habitantes.
Pero frente a este clamor social, el gobierno del presidente Daniel Noboa ha optado por el camino más peligroso: la criminalización de la protesta. En lugar de escuchar las demandas y reconocer el malestar de la ciudadanía, ha preferido deslegitimar el movimiento social, tachándolo de violento y vinculándolo sin pruebas con organizaciones delictivas como el Tren de Aragua.Este martes 23 de septiembre, a través de su cuenta en la red social “X”, el presidente aseguró que las manifestaciones están “financiadas y rodeadas por criminales”, y afirmó que “no son protestas ni luchas sociales, son mafias”. Con estas declaraciones no solo evade su responsabilidad como gobernante, sino que desacredita el derecho constitucional a la resistencia y pone en peligro a cientos de personas que, desde la más profunda convicción democrática, han salido a defender su derecho a una vida digna.
La represión no tardó en llegar. En la provincia de Imbabura, donde se reportaron algunas de las movilizaciones más significativas, las fuerzas de seguridad actuaron con una violencia desproporcionada. El saldo: más de 20 detenidos, muchos de ellos sin que se conozca aún su paradero, lo que genera una profunda preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos.
Esta no es una lucha aislada, ni una simple protesta. Es la voz de un pueblo que está diciendo: basta!. Es un grito que nace de las entrañas de comunidades que han sostenido este país con trabajo, con dignidad. No, señor presidente, no somos criminales. No somos terroristas. No somos el Tren de Aragua. Somos pacientes renales que mueren en las calles pidiendo insumos. Somos jóvenes sin acceso a empleo ni educación. Somos pueblos originarios que defienden sus territorios y su cultura frente a un modelo que los quiere borrar. Somos trabajadores que han visto sus derechos vulnerados una y otra vez. Somos ciudadanos que, a pesar del abandono, siguen apostando por un país justo, solidario y en paz.
Hoy, más que nunca, se necesita una salida política, no militar. Se necesita diálogo, no represión. Se necesita un gobierno que escuche, no que acuse. Y se necesita una sociedad que no se deje confundir por discursos que buscan dividirnos, porque cuando un pueblo se levanta para exigir dignidad, no está cometiendo un crimen. Está ejerciendo su derecho.
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