El veto del presidente Daniel Noboa a la ley que redistribuía las rentas petroleras refleja, una vez más, cómo el gobierno ha decidido ignorar las voces de las provincias más sacrificadas por la explotación del petróleo en Ecuador. Provincias como Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos, que durante décadas han sido vaciadas de sus recursos naturales, no solo siguen siendo olvidadas, sino que ahora se les niega una oportunidad histórica de recibir lo que legítimamente les corresponde.
Este veto no es solo una medida política. Es una expresión de la indolencia del gobierno frente a las comunidades afroecuatorianas y rurales, las cuales hasta ahora no son pensadas en ninguna de las políticas actuales de este país. Sí, así como si uno de sus ejes principales fuera estar en contra de todo lo que represente lo negro, lo que sufre. Para muestra un botón: su gabinete. No hay la presencia de ningún ministro o ministra afrodescendiente.
Estas provincias, que han sido durante décadas el motor invisible del país, ven cómo el progreso les es negado una vez más. La ley, que proponía destinar un dólar por barril de petróleo industrializado a estas provincias, era una medida de justicia histórica que, por primera vez, buscaba equilibrar las desigualdades de un modelo extractivista que ha beneficiado a unos pocos mientras ha dejado a otros sumidos en la pobreza.
Lenín Lara, quien impulsó este proyecto, lo vio no solo como una medida económica, sino como un acto de justicia. “La finalidad de presentar este proyecto de ley era precisamente hablar de una reparación histórica que merecen estos territorios, especialmente Esmeraldas, que no ha recibido los recursos necesarios a pesar de ser una provincia que alberga la industria petrolera”
La ley planteaba destinar directamente estos recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las provincias productoras de petróleo, para que pudieran mejorar su infraestructura, desde las carreteras hasta el acceso a servicios básicos como el agua potable. Sin embargo, el veto presidencial ha dejado claro que la reparación histórica no tiene cabida en el actual modelo de gobernanza. Las comunidades que han dado tanto siguen esperando lo más básico, mientras se les sigue ignorando.
Para Lenín Lara, el veto no es solo un desacuerdo político, es una traición histórica. “Este veto fue un golpe bastante duro. Era una de las primeras veces que se planteaba devolver algo a territorios que nos han dado tanto, pero el gobierno ha preferido mirar para otro lado”. En sus palabras se refleja la rabia de saber que el gobierno, que utiliza los recursos de estas provincias para sostener el aparato estatal, se niega a devolver siquiera una parte de lo que le corresponde. Lara deja en claro que este veto no es solo una cuestión administrativa, sino una falta de humanidad.
Lara no oculta su frustración al señalar que las provincias afectadas no tienen ni lo más básico para gestionar su desarrollo. “En Esmeraldas, recientemente vimos la implosión de la refinería. ¿Cómo enfrentamos estos accidentes si no tenemos los recursos necesarios? La única forma de reparar una provincia que constantemente es explotada es con recursos, y eso es lo que ha faltado”. La falta de inversión en estas regiones condena a sus habitantes a vivir bajo condiciones precarias, mientras la riqueza de su tierra es utilizada por otros.
El veto presidencial no sólo revela una falta de compromiso con el desarrollo de estas provincias, sino también con la justicia que tanto claman. Mientras el gobierno prioriza el «análisis técnico» y la «sostenibilidad», las comunidades que han dado tanto al país siguen esperando un simple acto de reconocimiento y reparación. En un país que se dice de todos, ¿por qué las voces de los más olvidados siguen calladas?
