En Ecuador, para muchas familias, la tragedia no termina con la pérdida
Por: Liz Toapanta
“Se considera un resto biológico, no un hijo que estaba siendo esperado y amado”, señala la investigadora María Teresa Benavides Borja sobre el duelo invisibilizado de las madres que atraviesan una pérdida gestacional, perinatal o neonatal. Cada 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Pérdida Gestacional, Perinatal y Neonatal, una fecha que busca reconocer el dolor de las familias que pierden a sus bebés durante el embarazo, el parto o los primeros días de vida. Esta iniciativa nació de la lucha de madres que buscaron romper el silencio alrededor de estas pérdidas y darles el lugar que merecen. Sin embargo, recordar a quienes ya no están también debería obligarnos a mirar las condiciones en las que estas familias viven su dolor, especialmente en un país donde el acceso a la salud y el acompañamiento durante el duelo siguen siendo desiguales.
En Ecuador, las cifras de mortalidad neonatal revelan una realidad que no puede reducirse a simples estadísticas. Según la Gaceta Epidemiológica de Muerte Neonatal de 2025, del Ministerio de Salud Pública, ese año se notificaron 1.109 muertes de recién nacidos antes de cumplir los 28 días de vida. Aunque representa una disminución frente a las 1.137 muertes registradas en 2024, el dato más alarmante es que el 85,03 % de los fallecimientos de 2025 fue clasificado como evitable, frente al 62,97 % del año anterior. Esto obliga a preguntarnos qué está fallando en la prevención y atención sanitaria, qué respuestas reciben las familias y qué medidas se están tomando para evitar que estas tragedias se repitan. Detrás de cada cifra hay una vida esperada, una familia que debe despedirse y preguntas que no pueden quedar sin respuesta.
Pero el problema no puede reducirse a la responsabilidad individual de las madres. El mismo reporte señala que el 5,86 % de las mujeres cuyos bebés fallecieron no tuvo controles prenatales. Antes de juzgarlas, habría que preguntarse si tenían un centro de salud cercano, si podían pagar el transporte o si encontraron atención oportuna. Para muchas familias, especialmente en comunidades rurales y amazónicas con mayor concentración de población afrodescendiente e índigena, llegar a un hospital implica recorrer largas distancias o asumir gastos imposibles de cubrir. La situación de las comunidades indígenas y afroecuatorianas evidencia cómo las desigualdades económicas, territoriales y raciales pueden convertirse en barreras para recibir atención médica. El caso de una bebé achuar cuyo cuerpo fue entregado a su familia en una caja de cartón, en medio de cuestionamientos sobre las condiciones de atención en el Hospital General de Macas, expuso una realidad dolorosa: incluso en el momento de despedir a un hijo, algunas familias deben enfrentarse a condiciones que profundizan su sufrimiento.
Frente a esta realidad, iniciativas como el código mariposa buscan ayudar al personal sanitario a identificar a las familias que han sufrido una pérdida y evitar preguntas o situaciones que aumenten su dolor. Pero la empatía no puede quedarse en un símbolo: hacen falta protocolos, personal capacitado y condiciones adecuadas para atenderlas. El caso del Hospital General de Macas es una muestra de lo que está en juego. En diciembre de 2025, después de que se denunciara que el cuerpo de una bebé achuar fue entregado a sus padres en una caja de cartón, el Ministerio de Salud anunció la desvinculación del gerente del hospital y el inicio de una auditoría interna. La reacción llegó después de que el caso se hiciera público, pero queda una pregunta fundamental: ¿por qué tuvo que ocurrir algo así para que se tomarán medidas? ¿Cómo se garantiza que todas las familias reciban un trato digno, incluso cuando sus historias no llegan a los medios de comunicación?
Esta situación no puede separarse de la responsabilidad política de garantizar servicios públicos que funcionen. Cuando un hospital no cuenta con los recursos necesarios o una familia debe recorrer grandes distancias para recibir atención, las consecuencias no son abstractas: afectan vidas. El propio Ministerio de Salud publica informes sobre las muertes neonatales y su clasificación de evitabilidad; por eso, el siguiente paso no puede limitarse a presentar cifras, sino que debe traducirse en prevención, atención oportuna e investigación de los casos. No se trata de atribuir cada muerte a una negligencia sin pruebas, sino de exigir que las autoridades respondan por las condiciones del sistema que administran. La salud pública no puede ser una prioridad únicamente en los discursos: debe notarse en los hospitales, en los medicamentos disponibles y en la atención que recibe cada familia.
A esta deuda se suma la falta de protección para quienes deben afrontar el duelo. El 22 de enero de 2026 se presentó la Ley Nicolás, un proyecto que busca reconocer los derechos de madres y padres que atraviesan una pérdida gestacional, perinatal o neonatal. La propuesta fue calificada para su trámite el 6 de febrero y, el 12 de agosto, la comisión legislativa continuaba debatiéndose antes de elaborar el informe para segundo debate. Entre sus objetivos están establecer licencias laborales, protocolos de atención humanizada y acompañamiento para las familias. Sin embargo, mientras la propuesta sigue su curso, quienes atraviesan estas pérdidas necesitan protección real. La licencia de maternidad no debería entenderse únicamente como un tiempo destinado al cuidado de un bebé, sino también como un derecho relacionado con la recuperación física de la mujer después del embarazo y el parto. Perder a un hijo no elimina esa necesidad ni hace desaparecer el duelo. Una ley que reconoce el dolor es importante, pero una ley que tarda en convertirse en derechos efectivos mantiene a las familias esperando incluso cuando más necesitan respaldo.
Este 15 de octubre, encender una vela por los bebés que ya no están también debería significar cuestionar las condiciones que rodean estas muertes. No basta con lamentarlas si no estamos dispuestos a investigar qué pudo evitarse, exigir respuestas y cambiar aquello que pone otras vidas en riesgo. La indignación no devuelve ninguna vida, pero puede convertirse en una fuerza para exigir responsabilidades y evitar que otras familias atraviesen el mismo sufrimiento. Ninguna vida debería depender del lugar donde nace, y ninguna familia debería cargar con el abandono del Estado mientras intenta sobrevivir a la pérdida de un hijo.
Fuentes:
- Perder a un hijo debería ser un dolor suficiente - octubre 15, 2026
- El río Esmeraldas sigue creciendo - octubre 13, 2026
- Apps de citas y violencia: La trampa digital para la comunidad LGBTIQ+ - octubre 5, 2026