Cada 24 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas. Esta fecha no es solo un recordatorio lejano, sino un grito urgente, un llamado a la justicia y la reparación para todas las víctimas a quienes el poder estatal les ha arrebatado la vida. Esta conmemoración honra a Monseñor Oscar Romero, quien fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por denunciar las violaciones graves de derechos humanos en El Salvador, especialmente hacia los campesinos brutalmente reprimidos entre 1978 y 1979 en el contexto de una dictadura sumamente violenta.
La definición de este día es tan evocativa y necesaria, especialmente en un contexto latinoamericano que ha sido atravesado por el abuso de poder a nivel estatal, policial y político. La denuncia social a menudo ha sido negada, con la única intención de reprimirnos. Nuestras opiniones han puesto en riesgo nuestras vidas, tanto que hemos sido desaparecidos. Hoy en Ecuador, no es siquiera necesario emitir una postura problemática con el poder para que se cometan violaciones graves de derechos humanos. En el contexto de la declaración de un conflicto armado interno letal, ser un cuerpo racializado que habita en los márgenes, construidos por las desigualdades estructurales y sistémicas de este país, ya te convierte en el objetivo que las fuerzas del orden deben aniquilar para evitar lo que tanto teme el actual gobierno: la “desestabilización” del país. Un país que, durante muchos años, ha sido ajeno a la verdadera estabilidad.
Es imposible hablar de violaciones graves de derechos humanos y dignidad de las víctimas sin pensar en Ismael, Steven, Josué y Saúl. La desaparición forzada de estos jóvenes a manos del cuerpo militar ecuatoriano, marcada por una brutal negligencia y un racismo imperante, es el más claro ejemplo de que ya no estábamos seguros. La guerra al narcotráfico, de la que tanto se habla, no es en realidad en contra del narcotráfico, sino en contra de nosotros, quienes acuerpamos todo lo que resulta aversivo al poder: lo negro, lo pobre, lo marginal.
La desaparición y muerte de estos jóvenes en diciembre de 2024 nos despertó de un letargo, revelando lo que muchos no querían ver: Ecuador está mucho peor de lo que imaginábamos. Las violaciones graves de derechos humanos incluyen crímenes como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, tipificados en el derecho internacional. Son crímenes que atentan contra los derechos más fundamentales de las personas: la vida, la integridad personal, la libertad y la dignidad. Y estos hechos no son ajenos a la realidad ecuatoriana.
Un ejemplo de la crudeza de estos crímenes lo encontramos en el caso de Javier Vega, quien el 2 de febrero de 2024 fue asesinado en Guayaquil durante un operativo militar. Aunque las Fuerzas Armadas informaron que fue abatido como un «terrorista», su familia asegura que Javier era un joven trabajador que simplemente iba a vender un cachorro de pitbull. Otro caso desgarrador es el de Dave Loor y Juan Santillán, quienes fueron secuestrados el 26 de agosto de 2024 por hombres vestidos de militares en Ventanas, Los Ríos. A pesar de las denuncias y la presentación de un habeas corpus, la justicia aún no ha respondido.
Mientras tanto, las condiciones en las cárceles ecuatorianas siguen siendo deplorables. El complejo carcelario en Guayaquil se quedó sin provisión de alimentos durante casi dos meses en junio de 2024 debido a una suspensión de pagos por parte de la empresa Lafattoria. Además, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha señalado las deficiencias graves del sistema penitenciario, que incluyen problemas con la alimentación, la atención médica, la higiene y la seguridad, además de un creciente abuso sexual y discriminación hacia las personas vulnerables, como mujeres, personas LGBTI y personas con discapacidades.
Las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas son realidades palpables en Ecuador. Y la respuesta a las denuncias se siente como un grito vacío, porque la violencia proviene de las mismas estructuras de poder que deberían proteger a la población. Estos crímenes no son hechos aislados, sino patrones sistemáticos que siguen ocurriendo a gran escala. Durante 2024, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil registró 21 casos de desapariciones forzadas en la región costera de Ecuador, y 9 de ellos involucraron a menores de edad. A nivel nacional, entre 2014 y 2024, la Fiscalía General del Estado reportó 146 denuncias por desapariciones forzadas, pero la mayoría de estos casos no han sido investigados correctamente y, en muchas ocasiones, han sido archivados sin justicia.
Hoy, 24 de marzo, no es solo un día de recordatorio, sino un llamado a la acción. Este día nos exige justicia, reparación y sobre todo la verdad, que sigue siendo esquiva para las víctimas de las violaciones graves de derechos humanos en Ecuador. Las desapariciones forzadas siguen siendo una herida abierta, y las familias de las víctimas, como las de Josué, Ismael, Saúl y Steven, siguen buscando respuestas que parecen no llegar nunca.
Y nuevamente, una disculpa si sueno pesimista, pero hablar del Derecho a la Verdad en Relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas en Ecuador parece una Utopía. Frente a una justicia apática para el que sufre, es casi imposible imaginar un presente y un futuro donde se reconozca la vulneración de derechos y la dignidad de las víctimas. Pero, no nos vamos a callar. No vamos a permitir que sigan borrando nuestras existencias. La lucha por la verdad, la justicia y la reparación sigue, porque lo que está claro es que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura que se viven en las cárceles ecuatorianas están lejos de terminar.
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