En medio de una crisis social que no da tregua, con hospitales colapsados, empleos frágiles y una violencia que erosiona cada rincón del país, el gobierno de Daniel Noboa vuelve a mirar hacia las urnas. Esta vez no se trata de elegir autoridades ni de definir el rumbo económico inmediato, sino de responder siete preguntas que podrían redibujar el mapa institucional del Ecuador.

Entre ellas está la posibilidad de permitir tropas extranjeras en territorio nacional, eliminar el financiamiento público a partidos políticos, suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y reducir el número de asambleístas. También se plantea flexibilizar el trabajo por horas en el sector turístico, dar paso al juicio político contra jueces constitucionales, y financiar la lucha contra la desnutrición infantil a través de impuestos generados por casinos en hoteles cinco estrellas.

1. Tropas extranjeras

La primera propuesta busca eliminar la cláusula que impide tener bases o tropas extranjeras en suelo ecuatoriano. La excusa es conocida: combatir el crimen organizado. Pero aceptar eso es admitir que el Estado ha perdido el control del territorio. Y que en lugar de reconstruir sus fuerzas, opta por traer otras. Tropas que no nos rinden cuentas, que no responden a nuestras leyes. Que vienen con su propia agenda.No es seguridad. Es una cesión elegante de soberanía.

2. Quitar el financiamiento público a los partidos

Otra propuesta busca eliminar los fondos estatales para partidos y movimientos. En un país cansado de la política, suena bien: que se las arreglen solos, que no gasten nuestra plata.Pero cuidado: eso deja la política en manos de quienes pueden pagarla. Empresarios, banqueros, grupos de poder. ¿Quién pierde? Las comunidades, las mujeres, los pueblos, los barrios. Sin financiamiento público, la política se vuelve exclusiva.

3. Eliminar el CPCCS

El Consejo de Participación Ciudadana ha sido un desastre, sí. Luchas internas, manejos opacos, designaciones cuestionadas. Pero su eliminación no resuelve eso. Solo borra del mapa uno de los pocos espacios donde la ciudadanía tenía algo de voz institucional.¿Reformarlo? Claro. ¿Eliminarlo? Es otra cosa. Es centralizar aún más el poder y dejar a la gente sin mecanismos reales de control social.

4. Reducir la Asamblea

Menos asambleístas. Suena eficiente. Suena a castigo para una institución desacreditada. Pero también suena a concentración de poder. ¿Quiénes quedarán fuera si se reduce el número de curules? Las provincias pequeñas. Las nacionalidades indígenas, el pueblo afrodescendiente. Los colectivos ciudadanos. Las voces disonantes. La diversidad es lo primero que desaparece cuando se achica la política.

5. Trabajo por horas

En un país donde más de la mitad trabaja sin estabilidad, la idea de “formalizar” el trabajo por horas en el turismo parece una solución. Pero en realidad es precariedad con traje de ley.Sin estabilidad, sin aportes justos, sin garantías. ¿Quién se beneficia? Las grandes cadenas hoteleras. ¿Quién pierde? Es una fórmula vieja: llamar “flexibilidad” a lo que siempre fue explotación normalizada.

6. Jueces bajo juicio político

La propuesta de permitir el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional es, básicamente, abrirle la puerta al poder para disciplinar a la justicia.No se trata de que los jueces estén por encima de todo. Se trata de que la justicia constitucional necesita ser autónoma para que el resto funcione. Si los magistrados pueden ser removidos por quienes están bajo su control, el equilibrio desaparece.

7. Casinos para la infancia: derechos al azar

Y sí, también está esa propuesta que suena a chiste: reabrir casinos en hoteles cinco estrellas para, con sus impuestos, combatir la desnutrición infantil. ¿Casinos para salvar a los niños?¿El juego como política pública? Lo que debería financiarse con un sistema tributario justo y con voluntad política, se pretende solventar a punta de apuestas y fichas.¿Y si votar también fuera ceder? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos antes de marcar una casilla en la próxima consulta popular. Nos presentan siete propuestas como soluciones técnicas o urgentes, pero muchas de ellas implican retrocesos graves en derechos, soberanía y representación democrática. Cuando se pregunta sin debate, cuando se consulta sin contexto, el voto se convierte en un gesto vacío. Se transforma en una herramienta para legitimar decisiones ya tomadas desde el poder. Por eso es importante mirar más allá del “sí” o el “no”. Porque votar sin entender lo que está en juego es también una forma de ceder: derechos, espacio político, futuro.

Samira Folleco