En Ecuador, ser periodista siempre ha sido un oficio en el que las garantías son escasas. Hoy, en medio de una creciente violencia, esas garantías son aún más frágiles que antes. Cada vez que un periodista es agredido, violentado o asesinado, parece que nadie se inmuta. Las agresiones se multiplican, y la impunidad persiste. En este escenario, la vida de los periodistas ecuatorianos parece haber perdido su valor.
El cambio más significativo en el ejercicio periodístico en Ecuador tiene que ver con el crimen organizado, que ahora forma parte fundamental de las estructuras de poder del país. La violencia vinculada al narcotráfico y otras formas de crimen organizado han transformado la cobertura de la realidad nacional en una tarea cada vez más peligrosa. Informar sobre los hechos que afectan a la sociedad implica un riesgo tangible para quienes se dedican al periodismo, y, en muchos casos, ese riesgo les cuesta la vida.
Uno de los ejemplos más trágicos fue el asesinato del equipo de El Comercio el 13 de abril de 2018. El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados y luego asesinados por disidentes de las FARC en la frontera norte del país. Este crimen sigue en la impunidad, como consecuencia de la negligencia y las omisiones del gobierno en las investigaciones. Lo ocurrido con estos tres periodistas fue solo un punto de quiebre que dejó en evidencia que, en Ecuador, el ejercicio periodístico jamás podría ser entendido como antes.
El año 2022 dejó huellas profundas en la profesión, con 356 agresiones a periodistas, la cifra más alta desde 2018, según un informe de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. En ese mismo año, fueron asesinados Mike Cabrera, Gerardo Delgado y César Vivanco, cuyas muertes violentas aún permanecen sin esclarecer. A ellos se suman el feminicidio de la periodista Johanna Guayguacundo y la desaparición de Fernando León, quienes representan a una larga lista de víctimas de la violencia que recorre el país, con un claro patrón: los periodistas son blancos de esa violencia.
El 2023 fue un año especialmente sombrío para la libertad de prensa en el país. Se registraron seis periodistas asesinados, incluyendo al candidato presidencial y periodista Fernando Villavicencio, quien fue abatido el 9 de agosto tras un evento de campaña. Además de Villavicencio, Fundamediosreportó dos asesinatos más de comunicadores y al menos diez amenazas de muerte dirigidas a periodistas, todas provenientes de grupos al margen de la ley. Esta violencia no es un hecho aislado, sino que refleja una crisis estructural de inseguridad que afecta directamente al ejercicio periodístico.
La indiferencia del gobierno y la creciente desconfianza hacia los medios de comunicación se agravan con el desprestigio sistemático que los periodistas enfrentan, especialmente por parte de ciertos sectores políticos. Los discursos estigmatizantes contra la prensa, las campañas de desinformación, las acciones judiciales abusivas y la propaganda estatal contribuyen a un ambiente de polarización y agresión contra los comunicadores.
En medio de este contexto, se creó el Mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico el 14 de noviembre de 2022, con la finalidad de proteger a los periodistas y garantizar su seguridad. Sin embargo, hasta la fecha, esta instancia no ha cumplido con su propósito debido a la falta de presupuesto y a su exclusión de las reformas presupuestarias desde su creación.
Parece que, en Ecuador, a nadie le importa cuando se arrebata la vida de un periodista. La apatía del gobierno ante la violencia y la falta de respuestas efectivas para proteger a los comunicadores dejan claro que las prioridades están lejos de ser la vida de quienes informan a la sociedad. Frente a este escenario de desprotección y agresiones sistemáticas, el periodismo ecuatoriano ha tenido que organizarse y resistir.
Una de las iniciativas más importantes en este sentido es la creación de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), un grupo de periodistas y fotógrafos que, a partir de investigaciones y trabajo de denuncia, han buscado visibilizar la urgencia de proteger a los comunicadores. La fundación se formó luego de que el Frente Oliver Sinisterra entregara pruebas sobre la ejecución de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, dejando en claro que la seguridad de los periodistas ya no es solo una cuestión de derechos humanos, sino una necesidad urgente para la democracia.
Hoy, más que nunca, el periodismo ecuatoriano necesita ser protegido. La violencia que acecha a los periodistas es una amenaza para la libertad de expresión y, por ende, para la propia democracia. Si no se actúa de manera contundente, corremos el riesgo de seguir perdiendo vidas y de permitir que la verdad quede bajo el control de quienes prefieren el silencio.
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