Por: La Dignidad
El 12 de noviembre de 2025, en Cuenca, durante la Feria del “Nuevo Empleo” realizada en el Salón Yanuncay del Centro de Convenciones Mall del Río, un espacio que debía abrir oportunidades y no cerrarlas, se evidenció una práctica que revela la violencia silenciosa que las mujeres siguen enfrentando al buscar trabajo. En un stand, un reclutador decidió entrevistar únicamente a hombres, justificando que “últimamente todas las mujeres se están embarazando y no es rentable contratarlas”. Y cuando algunas mujeres insistieron en ser escuchadas, las preguntas que recibieron no tenían nada que ver con su experiencia profesional: se les interrogó sobre si tenían hijos, si tenían pareja y hasta qué método anticonceptivo utilizaban. Preguntas que, más que evaluar su capacidad, buscaban controlar su vida íntima, recordándoles que para muchas empresas su cuerpo es un “riesgo” antes que una persona con algo que aportar.
Mientras tanto, los hombres eran evaluados de otra manera, como si su capacidad y su productividad estuvieran naturalmente garantizadas. La masculinidad se asocia con eficiencia y confiabilidad, mientras que la maternidad y la vida personal de las mujeres se convierten en obstáculos para su empleabilidad. Esa idea de que ser hombre es sinónimo de ser “rentable” refuerza un sistema que premia un modelo de trabajo basado en la productividad masculina y penaliza a quienes no encajan en él por decidir sobre su propio cuerpo.
Estas escenas no ocurren en el vacío. En un país donde conseguir trabajo es cada vez más difícil, la discriminación hacia las mujeres se vuelve aún más cruel. Las cifras oficiales muestran un escenario laboral tenso: Quito registra un 8,2% de desempleo —más de 84.000 personas sin trabajo—, Machala un 5,5%, Cuenca un 3,8%, Guayaquil un 3,2% y Ambato un 2,7%. En medio de esta precariedad, las mujeres cargan con un peso todavía mayor: representan el 50,7% de la población desempleada, frente al 40,3% de hombres.
Con este contexto, que ya desnuda desigualdades profundas, que en una feria de empleo se excluya a las mujeres por su posibilidad de ser madres no es solo indignante: es una muestra clara de un sistema que sigue tratándolas como un “costo” que debe evitarse. En Ecuador, muchas mujeres todavía son evaluadas por su vida personal antes que por su conocimiento, obligadas a revelar decisiones íntimas como si su derecho al trabajo dependiera de ello, mientras la masculinidad se considera garantía de productividad.
Normalizar estas prácticas tiene un costo enorme. Cada pregunta intrusiva, cada puerta cerrada, cada oportunidad negada por prejuicio, alimenta un modelo laboral que perpetúa desigualdad y niega derechos fundamentales. En un país que enfrenta una crisis de empleo, que estas violencias sigan ocurriendo no es solo inaceptable: es una urgencia social que exige ser nombrada y transformada. Porque el trabajo digno no puede depender del cuerpo de una mujer ni de las decisiones que toma sobre su propia vida. Y mientras eso siga ocurriendo, la igualdad seguirá siendo una deuda pendiente.
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