En Ecuador hay un problema que el Estado se niega a mirar de frente: la vida negra sigue siendo tratada como prescindible. No lo digo en abstracto ni desde un discurso teórico. Lo digo porque el país acumula una lista dolorosamente concreta de jóvenes afrodescendientes víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violencia militarizada que los funcionarios prefieren llamar “excesos”, “confusiones” o “errores operativos”. Pero no son errores. Son síntomas de un Estado que sigue funcionando sobre un pacto racial no declarado, donde los cuerpos negros son, antes que nada, sospechosos.
Ese pacto explica por qué hablar de perfilamiento racial no es una exageración ni una consigna. Es una realidad cotidiana: jóvenes detenidos sin motivo, retenes improvisados en barrios negros, requisas sin orden judicial y violencia estatal que cae siempre en los mismos territorios. Este no es un país que persigue delitos; es un país que persigue fenotipos.
Las Malvinas: cuatro jóvenes desaparecidos por militares
En Guayaquil, los hechos ocurridos en Las Malvinas marcaron un antes y un después. Cuatro jóvenes fueron detenidos por militares durante operativos supuestamente destinados a recuperar la seguridad. Nunca volvieron a sus casas. Nunca volvieron a hablar con sus familias. Nunca volvieron a ser vistos.
Las versiones de los militares cambiaron como cambia el viento cuando se busca encubrir lo imperdonable. Que los liberaron. Que se escaparon. Que no estaban en los registros. Que no hubo detención.
A las madres se les exigió paciencia, silencio y “confianza en las instituciones”. Pero lo que las instituciones hicieron fue negar, dilatar y encubrir. Hasta el día de hoy, esos cuatro jóvenes siguen sin recibir justicia — incluso después de haberles arrebatado la vida de la forma más atroz — y el país sigue sin una explicación creíble.
Este caso debería haber estremecido a la nación entera. Debería haber provocado la renuncia de altos mandos, la revisión de protocolos, el cierre de operaciones militarizadas en zonas urbanas. Pero no ocurrió, y esa indiferencia habla tan fuerte como la tragedia misma.
La pregunta que flota es esta: ¿Habría ocurrido lo mismo si esos jóvenes no hubieran sido negros?
Tachina: Esmeraldas vuelve a llorar a sus hijos
En Tachina, Esmeraldas, la historia se repite con dolorosa precisión. Jóvenes afrodescendientes desaparecidos tras un operativo militar. Familias que buscan respuestas. Instituciones que responden con evasivas. Territorios enteros que viven entre el miedo al crimen organizado y el miedo —igual o mayor— a las fuerzas del Estado.
Esmeraldas es un ejemplo hiriente del doble abandono: primero, el abandono estructural que convirtió al territorio en laboratorio de pobreza, extractivismo, exclusión y violencia. Y luego, el abandono institucional cuando sus jóvenes desaparecen a manos de quienes se supone llegaron a protegerlos.
En estos casos, como en tantos otros, se observa el mismo patrón:
- Militarización en territorios racializados.
- Detenciones sin garantías.
- Omisiones, contradicciones y silencios oficiales.
- Revictimización de las familias.
- Impunidad. Siempre impunidad.
La desaparición forzada —hay que decirlo sin titubeos— es una de las violaciones más graves a los derechos humanos. Y cuando ocurre repetidamente en territorios afrodescendientes, no se trata solo de violencia institucional: se trata de racismo institucional.
El perfilamiento racial como política de Estado
El Estado ecuatoriano insiste en que no existe el perfilamiento racial. Pero los hechos dicen lo contrario:
- En barrios afrodescendientes hay más retenes, más patrullajes y más redadas.
- Los jóvenes negros son detenidos, requisados e interrogados sin fundamento.
- Las mujeres negras son víctimas de registros invasivos, insultos y violencia sexualizada durante operativos.
- Las víctimas de desaparición forzada son, con demasiada frecuencia, afrodescendientes o habitantes de territorios históricamente empobrecidos.
El perfilamiento racial no es un error operativo. Es un sistema.Un sistema que legitima la vigilancia, la sospecha y la violencia sobre cuerpos negros. Un sistema que transforma territorios afrodescendientes en zonas de sacrificio. Un sistema que permite que un joven pueda desaparecer tras un operativo militar sin que el país se escandalice.
La militarización como respuesta a un problema que no es militar
La violencia que atraviesa Esmeraldas, Guayas, Manabí y otras provincias tiene raíces estructurales: abandono estatal, desempleo masivo, precariedad educativa, economías ilícitas que llenan el vacío que dejó el Estado, rutas geopolíticas del narcotráfico y territorios históricamente vulnerados.
Responder con militarización no solo es insuficiente: es peligroso.
En territorios afrodescendientes, militarizar ha significado:
- mayor riesgo de abusos,
- detenciones arbitrarias,
- desalojos de facto,
- desapariciones forzadas,
- traumas colectivos,
- miedo permanente.
Militarizar la pobreza nunca ha resuelto la pobreza. Militarizar territorios racializados nunca ha resuelto la violencia. Lo que sí hace es multiplicar violaciones de derechos humanos, especialmente cuando los cuerpos sobre los que cae la fuerza del Estado son cuerpos negros.
Lo que las desapariciones forzadas revelan
Las desapariciones de Las Malvinas, de Tachina y de tantos otros casos que no alcanzaron titular de prensa nos obligan a decir lo que muchos prefieren callar: En Ecuador, la vida negra no recibe la misma protección estatal que otras vidas. Y esa desigualdad no es casual: es estructural.
Revela un país donde las instituciones operan bajo prejuicios raciales. Un país donde el Estado reacciona con fuerza y velocidad cuando una víctima encaja en la imagen de la “ciudadanía respetable”, pero guarda silencio cuando las víctimas tienen piel negra y domicilio en zonas empobrecidas. Un país donde la justicia tiene color, y ese color no es el nuestro.
Las familias no buscan venganza: buscan verdad, dignidad y justicia
Lo más devastador no es solo la desaparición en sí, sino lo que viene después: la indiferencia institucional. Las madres de Las Malvinas y de Tachina no duelen solo por sus hijos desaparecidos; duelen también por un Estado que las ha obligado a mendigar respuestas.
Pasan de oficina en oficina. Les piden documentos, fotografías, pruebas imposibles. Les hacen esperar. Les dicen que “no hay novedades”. Les sugieren “ser pacientes”. Les insinúan que sus hijos algo habrán hecho.
Una madre negra no solo debe luchar por encontrar a su hijo: debe luchar contra el estigma que el Estado usa para justificar por qué su hijo no está.
¿Qué significa decir “las vidas negras importan” en Ecuador?
Significa exigir:
- protocolos contra el perfilamiento racial,
- suspensión de operativos militarizados en zonas urbanas,
- investigaciones independientes y con enfoque de derechos humanos,
- reparación a las familias,
- garantías de no repetición,
- inversión social real en territorios afrodescendientes,
- representación afrodescendiente vinculante en la toma de decisiones,
- y un cambio radical en cómo se entiende la seguridad pública.
Decir que la vida negra importa no es slogan: es exigencia política.
Mientras el país pide mano dura, las familias piden humanidad
Hay quienes celebran la militarización porque confían en la idea de que la violencia estatal siempre caerá sobre “los otros”. Pero el Estado no sabe diferenciar. Y cuando la pobreza y la negritud se convierten en marcadores de sospecha, cualquier joven afrodescendiente puede convertirse en objetivo.
Las desapariciones de Las Malvinas y de Tachina deberían ser una alarma nacional. Pero no lo son. Y ahí está la raíz del problema: cuando las víctimas son negras, el país mira hacia otro lado.
La pregunta finalEl Estado ecuatoriano nos debe explicaciones, justicia, verdad, reparación y no repetición.Pero antes de eso, nos debe dar una respuesta más profunda: ¿Está dispuesto a reconocer que su sistema de seguridad está construido sobre un sesgo racial que mata, desaparece y rompe familias enteras? Si la respuesta es no, entonces no estamos ante excesos ni errores: estamos ante un proyecto de violencia institucional que ya no se puede negar. Y si la respuesta es sí, entonces es hora de desmontar ese pacto racial que ha permitido que la vida negra en Ecuador siga siendo una vida en riesgo.
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