COMUNICADO PÚBLICO
Ante la persecución financiera y la criminalización de personas defensoras de la naturaleza
El Colectivo Mujeres de Asfalto expresa su profunda preocupación y rechazo frente a la persecución financiera y el bloqueo arbitrario de cuentas bancarias de integrantes de Yasunidos, en un contexto que diversas organizaciones sociales, colectivos y activistas han señalado como una acción de criminalización promovida desde el gobierno de Daniel Noboa.
La retención de fondos y la inmovilización de recursos constituyen una forma de violencia económica que no solo vulnera derechos individuales, sino que atenta contra derechos colectivos, debilita la organización social y erosiona los principios democráticos. Bloquear cuentas de personas defensoras no es un trámite administrativo: es un mecanismo de asfixia política que busca sembrar miedo, desarticular procesos y castigar la defensa del territorio.
Estas acciones se producen en un momento particularmente grave. En 2023, el pueblo ecuatoriano se pronunció de manera clara y soberana: el 59% de la ciudadanía votó por dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní-ITT. Ese mandato popular no puede ser desconocido ni deslegitimado. Exigimos el respeto irrestricto a la voluntad expresada en las urnas y el cumplimiento efectivo de la decisión de cesar la actividad extractiva en el bloque ITT.
Perseguir financieramente a quienes defendieron y defienden este mandato constituye un atentado contra la democracia participativa. La criminalización económica de activistas ambientales envía un mensaje peligroso: que ejercer derechos puede tener represalias. Esto vulnera garantías constitucionales, expone a las personas afectadas y a sus familias a riesgos constantes, y profundiza un escenario de indefensión incompatible con un Estado de derechos.
Nos solidarizamos con nuestras compañeras, compañeros y compañeres de Yasunidos y con todas las personas defensoras de la naturaleza que hoy enfrentan hostigamiento, bloqueo de recursos y estigmatización pública. Defender la vida, el agua y los territorios no es delito.
Exigimos:
- La inmediata restitución de las cuentas y fondos bloqueados.
- El cese de toda forma de persecución financiera y criminalización contra personas defensoras.
- Garantías de protección integral para las y los activistas y sus familias.
- El cumplimiento del mandato popular expresado en 2023 de dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní-ITT.
- Transparencia institucional y respeto pleno a los procesos constitucionales y a la democracia participativa.
No puede hablarse de estabilidad económica mientras se vulneran derechos fundamentales. No puede hablarse de gobernabilidad mientras se desconoce la voluntad popular. No puede hablarse de Estado de derecho cuando se castiga a quienes defienden la naturaleza.
Desde Mujeres de Asfalto reafirmamos nuestro compromiso con la justicia ambiental, la democracia y la vida. Nos mantenemos articuladas, vigilantes y en resistencia frente a cualquier forma de violencia política y económica.
La defensa del Yasuní es defensa de la democracia.
La defensa de quienes luchan es defensa del país.
Solidaridad y justicia para las personas defensoras.
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