¡Furukawa nunca más!
El 15 de enero de 2026, en una rueda de prensa en Quito, una cifra lo dijo todo: 98 años. Ese es el tiempo que la empresa Furukawa Plantaciones C.A. ha solicitado para cumplir con el pago ordenado por la justicia. Noventa y ocho años.
Mientras la empresa pide tiempo, más de nueve abacaleros y abacaleras ya han muerto esperando lo que la Corte Constitucional les reconoció en un fallo histórico hace catorce meses. Murieron sin reparación, sin justicia efectiva, sin ver cumplida una sentencia que, en el papel, les daba la razón.
Durante más de sesenta años, hombres, mujeres y niños fueron sometidos a condiciones de explotación extrema: trabajo forzoso, pobreza estructural, infancias robadas y vidas enteras confinadas a la servidumbre. Nada de esto fue invisible ni accidental. Fue una realidad sostenida en el tiempo y denunciada, durante años, por quienes se negaron a aceptar el silencio como destino.
La sentencia emitida en diciembre de 2024 reconoció esa verdad y ordenó la reparación para 342 trabajadores y trabajadoras abacaleras, protagonistas de una lucha incansable y digna. Gracias a su organización, resistencia y perseverancia, el país conoció una de las formas más crueles de explotación contemporánea. Ese fallo debía marcar un antes y un después. Sin embargo, hoy queda claro que una sentencia sin cumplimiento es solo otra forma de abandono.
Pedir 98 años para pagar no es una estrategia financiera: es una burla. Es condenar a las víctimas a morir esperando. ¿Qué significa ese plazo para un trabajador que supera los sesenta o setenta años, con el cuerpo desgastado por décadas de trabajo y sin acceso digno a salud, vivienda o ingresos?
Hasta ahora, la respuesta del Estado se ha limitado a una disculpa pública. Un acto simbólico que reconoce el daño, pero que no garantiza comida, medicinas ni condiciones mínimas para vivir con dignidad. Mientras tanto, las víctimas siguen envejeciendo y muriendo, y cada día que pasa sin reparación confirma una verdad dolorosa: la justicia tardía también mata.
La empresa, además, no solo ha incumplido. De acuerdo con denuncias de los afectados y observaciones de organismos internacionales, ha continuado hostigando, desacreditando y revictimizando a quienes se atrevieron a denunciar. La espera se ha convertido en una nueva forma de violencia para quienes ya lo perdieron casi todo.
La Organización de las Naciones Unidas lo ha advertido con claridad: la demora está generando cansancio, frustración e indignación profunda. Y no es para menos. Nadie puede esperar indefinidamente después de haber sido explotado durante generaciones. La paciencia no puede exigirse como una obligación moral a quienes ya han pagado demasiado.
El caso Furukawa dejó de ser solo un juicio sobre el pasado. Hoy es una prueba del presente. Una prueba de lo que ocurre cuando la justicia se convierte en trámite, cuando las decisiones judiciales se negocian y se estiran hasta perder sentido.
La justicia no puede pagarse a plazos que superan la vida de las personas. No puede transformarse en una promesa que solo sirve para calmar conciencias. Si no es inmediata, si no es real, si no llega a tiempo, entonces no es justicia.
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