Dos Candidatos. Un País Polarizado. ¿Qué nos proponen?

El pasado 9 de febrero, los ecuatorianos acudimos nuevamente a las urnas con la esperanza de marcar un nuevo rumbo para el país. Con 16 candidatos en la papeleta y pronósticos dispares de encuestas, nos encontramos ante la realidad de un Ecuador profundamente fragmentado. Para unos, los resultados fueron motivo de celebración, para otros, una sorpresa, y para muchos más, una advertencia de que seguimos cargando las cicatrices de un pasado que no deja de perseguirnos.

Lo que ha emergido con fuerza en esta elección no es solo la polarización ideológica que ya conocemos, sino una polarización territorial que refleja más que nunca la división latente en Ecuador. En la costa, la Revolución Ciudadana (RC5) de Luisa González obtuvo un amplio respaldo, mientras que, en la sierra y las provincias amazónicas, se inclinaron por el movimiento ADN de Daniel Noboa. Este enfrentamiento territorial no es solo una cuestión de ideologías, sino un reflejo de una fractura mucho más profunda, una que da cuenta de la desigualdad y la falta de oportunidades que siguen marcando nuestras regiones.

Lo que llama la atención es la creciente violencia en las provincias costeras, que sienten con mayor intensidad los efectos de la inseguridad, las políticas de militarización y la falta de respuestas adecuadas a sus problemas. No es casualidad que aquellas personas más afectadas por esta violencia, cuyos cuerpos han sido criminalizados y sometidos a políticas represivas, hayan optado por un movimiento que se aleja de la actual administración encabezada por Daniel Noboa. Este cuestionamiento refleja un malestar generalizado frente a la falta de soluciones efectivas para abordar las raíces de la violencia, la pobreza y la desigualdad estructural que afecta a estas regiones.

Este descontento, lejos de ser un fenómeno aislado, ha evidenciado cómo las provincias costeras y otras regiones han comenzado a ver la política desde una perspectiva más local, sin caer en los discursos nacionales que no resuelven los problemas inmediatos. La militarización, lejos de generar seguridad, ha creado un ambiente de desconfianza y desprotección, especialmente para los sectores más vulnerables. En este contexto, la política de seguridad impulsada por el actual gobierno parece estar fallando rotundamente, mientras que las provincias costeras, que padecen directamente la violencia y la pobreza, exigen un cambio radical en las políticas públicas a través de su voto.

En medio de este panorama, el 5,25% de los votos obtenidos por Leonidas Iza también señala la creciente demanda de un cambio desde las comunidades indígenas, afrodescendientes y otros sectores históricamente excluidos. Esta es una señal clara de que el pueblo ecuatoriano no solo pide un cambio de gobierno, sino un cambio estructural en las políticas públicas que realmente garanticen la inclusión y el respeto a los derechos de las comunidades más vulneradas, como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las mujeres y los niños.

Lo que nos proponen y lo que falta

El balotaje del 13 de abril de 2025 será más que una simple elección entre dos candidatos. Representará la lucha por el futuro de un país marcado por profundas desigualdades sociales, políticas y territoriales. Las propuestas de Daniel Noboa y Luisa González, aunque respondan escuetamente a las necesidades inmediatas de la población, no logran captar la magnitud de los problemas estructurales que afectan a quienes siguen siendo olvidados en la agenda política del país.

Seguridad
Luisa González plantea el fortalecimiento de la seguridad pública mediante el uso de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, en el sistema ECU-911, y la creación de una agencia especializada en ciberdelitos. Su enfoque también busca la participación ciudadana en la seguridad. Sin embargo, su propuesta parece centrarse más en la implementación de medidas tecnológicas y preventivas, sin ofrecer soluciones efectivas para las víctimas de la violencia y las comunidades más afectadas, que no tienen acceso a estas herramientas.

Por su parte, Daniel Noboa propone una lucha frontal contra el narcotráfico y la minería ilegal, con un énfasis en la militarización y la creación de un Bloque de Seguridad. Esta propuesta podría ser vista como una solución rápida, pero no aborda las causas profundas de la violencia ni la criminalización de las comunidades vulneradas. La violencia en las provincias costeras, por ejemplo, no se resolverá simplemente con más presencia militar. Es necesario un enfoque más integral que considere la pobreza, la falta de oportunidades y la marginalización.

Empleo y economía
Ambos candidatos han propuesto generar empleos, pero sus planes no parecen dirigirse de manera efectiva a los sectores más vulnerados por el sistema. Luisa González quiere apoyar a las pequeñas y medianas empresas, mientras que Noboa apuesta por fomentar el emprendimiento y la diversificación de la economía. Sin embargo, estas propuestas no abordan las necesidades de las comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentan barreras estructurales para acceder al empleo formal y a la educación.

Corrupción y transparencia
Ambos candidatos han hablado sobre la necesidad de combatir la corrupción y mejorar la transparencia en el gobierno. Sin embargo, las medidas propuestas no garantizan una real transformación en el sistema político, donde la corrupción sigue siendo una práctica generalizada. Se necesita una reforma profunda que no solo elimine la corrupción, sino que también promueva una participación política inclusiva, que escuche y respete las demandas de los pueblos históricamente excluidos.

Energía y medio ambiente
Mientras Luisa González propone una transición hacia energías alternativas y la recuperación de la gestión pública de las hidroeléctricas, y Noboa apuesta por energías nucleares, solares y eólicas, ninguna de estas propuestas garantiza una verdadera protección del medio ambiente ni tiene en cuenta la urgente necesidad de justicia ambiental para las comunidades afectadas por la extracción de recursos. Las políticas ambientales deben estar más presentes, especialmente en las comunidades indígenas y afrodescendientes, que sufren las consecuencias directas de la explotación de sus tierras y recursos naturales.

Lo que necesitamos no son más promesas vacías ni soluciones superficiales que solo buscan calmar la desesperación del momento. El país ya ha sido testigo de un sinfín de discursos sobre inclusión y justicia social que, en la práctica, nunca se materializan en cambios reales. Ya basta de propuestas que solo se quedan en el papel o que tratan de parchear problemas profundos sin realmente enfrentarlos. El Ecuador no puede seguir siendo gobernado con fórmulas fáciles que no llegan a las raíces del descontento social.

Lo que realmente necesitamos es un gobierno que tenga el valor de comprometerse de manera firme y auténtica con aquellos que han sido sistemáticamente excluidos de las decisiones políticas, sociales y económicas de este país. No más políticas que pretenden involucrar a todos, pero que siempre dejan fuera a quienes han sido históricamente marginados. Las comunidades indígenas, las afrodescendientes, las mujeres, las infancias y otros sectores que siempre han sido ignorados, siguen esperando respuestas concretas a sus demandas. Necesitamos un gobierno que los vea, que los escuche, y que finalmente actúe para reconocer sus derechos, no solo como una cuestión de moralidad, sino como un imperativo democrático.

Las políticas públicas deben ir más allá, deben ser verdaderamente inclusivas – cuestión que se vuelve cada vez más utópica –  y adaptarse a la realidad de quienes, año tras año, ven cómo sus voces quedan ahogadas entre promesas no cumplidas. Las comunidades indígenas, por ejemplo, siguen siendo despojadas de sus tierras y recursos naturales mientras que los avances tecnológicos y económicos del país pasan de largo, sin considerar el daño irreparable que esto genera. Las comunidades afrodescendientes, por su parte, continúan luchando contra la discriminación estructural, no solo en el acceso a la educación y la salud, sino en la plena participación en la vida política del país. Las políticas represivas y punitivistas que se han implementado en diversas regiones, lejos de traer solución, están acabando con ellas: están matando a las comunidades negras, literalmente, a través de la violencia policial y la criminalización.

No olvidemos a las mujeres, quienes no solo siguen enfrentando un sistema de violencia estructural, sino también la falta de reconocimiento en los espacios de poder, donde siguen siendo vistas como ciudadanas de segunda clase. La infancia ecuatoriana, que debería ser la esperanza del futuro, sigue siendo olvidada en políticas públicas que no garantizan ni su acceso a una educación de calidad ni su derecho a crecer en un ambiente seguro y saludable.

¿Cómo podemos pensar en un mejor porvenir si la indiferencia de quienes detentan el poder ni siquiera nos miran, ignorando nuestras necesidades y realidades?