El 7 de abril de 2026, pescadores de la embarcación Don Maca regresaron a Manta tras haber sido rescatados en El Salvador, luego de denunciar que fueron bombardeados en altamar por militares estadounidenses. Según sus testimonios, el barco fue impactado por drones sin que hubiera una inspección previa. Posteriormente, afirmaron haber sido interceptados, retenidos y trasladados antes de su entrega a las autoridades salvadoreñas.
Este hecho se produce semanas después de un operativo militar en la provincia de Sucumbíos, el 6 de marzo, presentado por el gobierno como un “ataque a un campamento del narcotráfico”. Sin embargo, investigaciones, después de lo acontecido, indicaron que el lugar bombardeado correspondía a una finca ganadera y lechera en la comunidad de San Martín, y no a una instalación criminal. Declaraciones de habitantes y evidencias recogidas en el lugar contradicen la versión oficial, en una operación que se enmarca dentro de la cooperación con Estados Unidos.
Ambos episodios se insertan en una escalada de operaciones militares contra el narcotráfico impulsada por el gobierno ecuatoriano en coordinación con Estados Unidos. Estas acciones incluyen intercambio de inteligencia, apoyo logístico y participación en operativos armados en territorio nacional, marcando un punto de inflexión en el rol de actores extranjeros dentro de la política de seguridad del país.
El problema no radica únicamente en la existencia de estos operativos, sino en la forma en que se ejecutan y se justifican. En los casos recientes, no se han presentado pruebas públicas concluyentes que respalden las acusaciones de vínculos con estructuras criminales, mientras que los resultados evidencian afectaciones directas a gente que solo sigue buscando formas de sostener la vida en este país que se está volviendo cada vez más asfixiante. La narrativa oficial, sostenida en la lucha contra el “narcoterrorismo”, parece avanzar más rápido que la noción básica del Estado mismo: proteger a los suyos.
En este escenario, el 8 de noviembre, el presidente Daniel Noboa planteó la posibilidad de permitir el ingreso de tropas estadounidenses al país, consolidando una línea política que ya no se limita a la cooperación, sino que abre la puerta a una presencia militar extranjera más directa. Este giro se sostiene en reformas legales y acuerdos que reconfiguran el concepto de soberanía bajo el argumento de la seguridad.
Esto nos deja una relación asimétrica en la que Ecuador no solo recibe apoyo, sino que empieza a adoptar una lógica que le es ajena, la de una guerra donde el territorio se militariza, el enemigo se amplía y la vida del pueblo se convierte en simple daño colateral. Esto dejó de ser una simple alianza para convertirse en la nueva forma de entender el poder, donde la fuerza reemplaza a la verdad y la sospecha sustituye a la evidencia. Y en ese tránsito, el país corre el riesgo de dejar de mirarse a sí mismo para empezar a parecerse a otro.
La pregunta, entonces, deja de ser únicamente sobre seguridad y pasa a ser sobre dignidad nacional. Cuando los bombardeos alcanzan embarcaciones civiles y fincas campesinas, cuando la evidencia se vuelve secundaria frente a la ejecución de los hechos, y cuando la soberanía se diluye en acuerdos militares, lo que está en juego no es solo una política pública, sino el sentido mismo del Estado. ¿Estamos frente a un nuevo Ecuador o ante una copia cada vez más fiel de Estados Unidos?
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