El 30 de enero de 2025, Miguel Ángel, un adolescente de 14 años, negro y deportista, se convirtió en una víctima más de la violencia descontrolada que azota Ecuador. Durante un operativo policial en el Guasmo Sur, un barrio históricamente estigmatizado por la marginalidad, el empobrecimiento y la criminalización constante, su vida fue arrebatada en medio de un contexto de brutalidad institucional.
Miguel Ángel no era un delincuente, no era una amenaza para nadie, era un chico que soñaba con un futuro que le fue arrebatado en un instante. Como otros antes que él, su vida fue alcanzada por la brutalidad de un sistema de seguridad que no discrimina entre culpables e inocentes, pero que siempre apunta a los mismos: a los jóvenes de comunidades racializadas y marginadas.
Miguel Ángel había estado jugando al fútbol con su hermano y amigos cuando, en medio de la intervención policial, recibió al menos cuatro disparos. Fue hallado agonizando en la casa de un vecino y, aunque fue atendido en el Hospital del Niño, murió al día siguiente debido a un infarto. A su lado, Juan José, de 16 años, también herido en el pulmón, sigue luchando por su vida. Y José Daniel Ramírez, de 18 años, se encuentra hospitalizado por un impacto en la columna vertebral, con el riesgo de perder la movilidad para siempre.
En un Ecuador que ya ha acumulado 658 muertes violentas entre el 1 y el 26 de enero de 2025, las estadísticas se vuelven cada vez más aterradoras. Según datos del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, esto equivale a un asesinato cada hora. Las víctimas de este entorno violento son, en su mayoría, jóvenes de sectores empobrecidos y racializados, comunidades que se encuentran atrapadas entre la violencia de las calles y el abuso de las fuerzas del orden. Esos mismos jóvenes, como Miguel Ángel, son deshumanizados, reducidos a meras estadísticas sin rostro ni historia.
El Guasmo Sur, al igual que otros sectores populares de Guayaquil, ha sido escenario recurrente de operativos policiales que, en lugar de garantizar seguridad, perpetúan el abuso de poder y la discriminación. No se trata de un hecho aislado: las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza son frecuentes. La violencia policial, alimentada por un perfilamiento racial sistemático, ha convertido la vida de muchos jóvenes, especialmente de comunidades populares, en algo desechable. Las trágicas muertes de Saúl, Ismael, Josué y Steven son un doloroso testimonio de esta realidad.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ha señalado que el uso excesivo de la fuerza en este tipo de operativos no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de criminalización que afecta de manera directa a los sectores más vulnerables. La pregunta sigue siendo: ¿cuántos más deben morir para que se reconozca que las vidas de los jóvenes negros están en riesgo, que nuestras infancias están desprotegidas?
En lo que va de 2025, la violencia en Ecuador ha aumentado de manera alarmante. En comparación con el mismo periodo de 2024, las muertes violentas aumentaron un 56%, y las cifras de las zonas más afectadas son una prueba irrefutable de la magnitud de esta crisis. Según los mismos datos del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, Cotopaxi y Tungurahua y El Oro, Loja y Zamora-Chinchipe han experimentado aumentos del 367% y 361%, respectivamente. En Guayaquil, sigue siendo la zona más golpeada, con 244 homicidios en solo 26 días. Este incremento no refleja solo el crecimiento de la violencia, sino también una incapacidad de las autoridades para frenar este ciclo destructivo y lascivo.
La muerte de Miguel Ángel debería ser un punto de inflexión, un llamado urgente a la reflexión. Su vida no debería haberse reducido a una cifra más en las estadísticas oficiales. Era un joven lleno de promesas, que, al igual que muchos otros, fue alcanzado por un sistema de seguridad que, en lugar de protegerlo, lo trató como un objetivo. No solo fue una víctima de la violencia, sino también de un sistema racista.
Ecuador vive una crisis de violencia que tiene nombre y apellido. La marginalización, la criminalización racial y el racismo estructural siguen siendo las principales causas de las muertes de los jóvenes negros de este país. Las políticas de seguridad, lejos de ofrecer justicia y protección, han sido usadas como herramienta de control social, que apunta siempre a los mismos: a los más pobres, a los más vulnerables, a los racializados.
Las vidas de nuestros jóvenes negros no pueden seguir siendo tratadas como descartables. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y ponga fin a este ciclo de impunidad. La vida de Miguel Ángel, como la de tantos otros, importa.
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