En el “Nuevo Ecuador», el despojo ya no llega solo con empresas privadas: avanza con decretos, órdenes administrativas, presencia policial y custodia militar. En nombre del desarrollo y la legalidad, el Estado interviene territorios indígenas y campesinos para abrir paso a proyectos extractivos, mientras las comunidades que han cuidado la tierra por generaciones son empujadas a la expulsión, la intimidación y la resistencia. Lo que está en disputa no es únicamente la propiedad del suelo, sino el derecho a existir en él..
En la Amazonía ecuatoriana, familias de la comunidad ancestral kichwa Tzawata – Ila – Chukapi, en el cantón Carlos Julio Arrosemena Tola, provincia de Napo, alertaron sobre una disposición estatal emitida el 15 de enero de 2026 que ordena su salida del territorio que han habitado históricamente. La medida instruye a instancias policiales a ejecutar un desalojo forzoso que afectaría a más de 150 familias.
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De acuerdo con la información compartida por la comunidad, la decisión se apoya en trámites administrativos antiguos y abriría paso a intereses empresariales ligados al monocultivo y a la minería. Los habitantes denuncian presiones para que la orden sea ejecutada con carácter urgente, sin considerar la presencia ancestral del pueblo kichwa amazónico ni las consecuencias sociales y ambientales del desplazamiento. Frente a la amenaza, la comunidad ha expresado su determinación de permanecer y resistir.
Cuando la tierra adquiere valor económico para el extractivismo, las comunidades pasan a ser tratadas como prescindibles, como intrusos de su propio hogar. El despojo no se impone siempre con las mismas herramientas, pero sí con el mismo objetivo: asegurar el control del territorio para actividades que priorizan la rentabilidad sobre la vida. Bajo esa lógica, en la provincia de Bolívar el despojo no se manifiesta a través de órdenes de desalojo, sino mediante la militarización del territorio campesino.
En el cantón Las Naves, comunidades del sector La Unión denunciaron el 19 de enero de 2026 la presencia de personal militar en zonas comunitarias, brindando resguardo a la empresa minera Curimining S.A. Según los testimonios, la llegada de uniformados ha generado intimidación hacia quienes se oponen a la actividad minera en áreas donde nacen fuentes de agua esenciales para varias parroquias.
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En la Amazonía y en la Sierra ecuatoriana, el despojo no se manifiesta de una sola forma, pero siempre produce la misma herida: debilitar el vínculo entre las comunidades y la tierra que hace posible la vida en común. Cuando el territorio es reducido a recurso y la violencia se vuelve un método, los pueblos insisten en algo esencial: cuidar la tierra es cuidar las relaciones, la memoria y la continuidad de la vida colectiva.
La vida y la dignidad no se negocian. Frente a un despojo que intenta normalizar la violencia y borrar memorias, los pueblos sostienen la resistencia como una forma de cuidado y de permanencia. No es solo defensa del territorio, es defensa del sentido mismo de existir en él. Porque cuando todo intenta ser arrebatado, permanecer de pie se convierte en un acto irrenunciable de verdad.
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