Ecuador cerró 2025 con el nivel de violencia más alto de su historia reciente. Según Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED), el país registró la tasa de homicidios más alta de América Latina por tercer año consecutivo, rompiendo nuevamente su propio récord. Hasta el 19 de diciembre, la Policía Nacional contabilizaba 8.847 homicidios, superando los 7.063 de 2024 y los 8.248 de 2023. Tras los hechos de violencia extrema ocurridos en los últimos días del año, 2025 cerró con más de 9.000 homicidios intencionales.
Este es el escenario general en el que debe leerse lo que ocurre con la violencia contra las mujeres. La escalada armada que atraviesa al país no es neutra ni abstracta: produce impactos diferenciados y letales sobre los cuerpos de mujeres y niñas.
La Alianza para el Mapeo de Femicidios en Ecuador, integrada por organizaciones como Cepam, Fundación Aldea, la Alianza por los Derechos Humanos y la Cedhu, reporta que entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025 fueron asesinadas 349 mujeres y niñas en el país. Esto equivale a una cada 22 horas, la cifra más alta registrada hasta ahora. Además mencionan que el 78% de estos crímenes fueron cometidos con armas de fuego.
Este dato es crucial porque señala una transformación letal: el femicidio ya no es solo un crimen pasional o doméstico, sino que, en su mayoría, ha sido absorbido y reconfigurado por la lógica del crimen organizado. La proliferación de armas de fuego —instrumento característico de estas estructuras— ha convertido la violencia machista en un acto de máxima eficiencia y terror.
A la par, la Fiscalía General del Estado registra una tendencia igualmente alarmante. Las denominadas “otras muertes” de mujeres en contextos delictivos aumentaron más de 1.300% desde 2014, alcanzando 629 casos en 2025. Se trata de asesinatos ocurridos en disputas armadas, economías ilegales o escenarios de criminalidad organizada que, en muchos casos, no son reconocidos ni investigados como femicidios.
El cuerpo de la mujer se convierte así en un «campo de batalla» accesible: un territorio donde los agresores, ya sean parejas, exparejas o miembros de bandas, ejercen con impunidad un poder mortífero amplificado por el arsenal de la guerra. El arma de fuego, en este contexto, no es solo un medio; es un símbolo de una violencia que se ha hecho estructural, y, sobre todo, visceral.
La escalada de asesinatos no ha sido homogénea ni cuestión de azar. Por el contrario, la expansión de las armas y del control territorial criminal ha intensificado la violencia machista, tanto en el espacio público como en el privado.
Así, mientras Ecuador se estremece contando sus muertos en una ficción armamentista impuesta, debe también hacer la cuenta más dolorosa y específica: la de sus mujeres y niñas, asesinadas a un ritmo de una cada día. Los récords de homicidios no son solo estadísticas anónimas; también tienen rostro de mujer, nombre de hija, historia de madre. La bala que atraviesa el tejido social no cae al vacío: busca, con saña particular, los cuerpos que una sociedad patriarcal ha enseñado a ver como territorios conquistables.
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