Cobertura: Juana Francis Bone Texto: Samira Folleco
El 10 de marzo de 2026 se realizó en la ciudad de Guatemala el evento paralelo “Proteger la infancia: avances y oportunidades para erradicar las maternidades forzadas en niñas – El caso de Guatemala”, organizado por Libera, el Centro de Derechos Reproductivos, el Observatorio en Salud Reproductiva, Mujeres Transformando el Mundo y Human Rights Watch, en el marco del 195º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El encuentro fue concebido como un espacio de diálogo y reflexión urgente frente a una realidad que sigue marcando la vida de miles de niñas en Guatemala y en la región: la violencia sexual y las maternidades forzadas. A partir del caso de Fátima, una niña sobreviviente de violencia sexual obligada a continuar un embarazo, se abordaron los avances y los desafíos para implementar el dictamen emitido en junio de 2025 por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este caso fue presentado como un símbolo de una problemática estructural que evidencia las fallas del sistema para proteger a las niñas y garantizarles una vida libre de violencia.
Durante el diálogo se denunció cómo la pandemia de COVID-19 agravó esta realidad. El confinamiento dejó a muchas niñas más expuestas a sus agresores, muchas veces dentro de sus propios hogares, lo que derivó en un aumento de embarazos forzados y no deseados. Esta situación evidenció la fragilidad de los sistemas de protección y la urgencia de fortalecer políticas públicas efectivas para prevenir la violencia sexual y garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, justicia, educación y reparación integral para las sobrevivientes.
También se expusieron las alarmantes cifras de embarazo adolescente en Guatemala, que reflejan un problema profundo y sistemático. Frente a ello, se destacó el trabajo del movimiento regional Niñas No Madres, que ha impulsado litigios estratégicos y acciones de incidencia para que estos casos no queden en silencio ni en la impunidad. Su labor ha permitido que la justicia empiece a reconocer que las maternidades forzadas en niñas constituyen graves violaciones de derechos humanos y que este no es un problema aislado de un país, sino una crisis regional.
Finalmente, se subrayó la importancia de garantizar la participación activa de mujeres indígenas en los espacios de toma de decisiones. Sus voces, experiencias y liderazgos son fundamentales para construir respuestas más justas e inclusivas frente a una problemática que afecta de manera desproporcionada a niñas indígenas y rurales. Sin su participación real, las políticas públicas corren el riesgo de seguir reproduciendo exclusiones históricas.
El evento dejó claro que erradicar las maternidades forzadas en niñas no es solo un desafío jurídico o institucional: es una deuda urgente con la infancia. La protección de las niñas requiere voluntad política, justicia efectiva y el reconocimiento de que ninguna niña debe ser obligada a convertirse en madre como consecuencia de la violencia.
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