El 20 de febrero de 2025, el Tribunal de la Corte Provincial de Guayas emitió una decisión trascendental: rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los 16 militares involucrados en el caso de «los cuatro de las Malvinas». En una audiencia virtual, se ratificó la medida de prisión preventiva, lo que implica que los acusados seguirán detenidos en la cárcel de Latacunga mientras avanza la investigación.
La respuesta de los jueces este 20 de febrero no solo confirma la prisión preventiva, sino que subraya la lucha incansable de las familias de Ismael Arroyo (15), Josué Arroyo (14), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), niños cuyos sueños fueron destrozados en una operación militar que, bajo el manto de la brutalidad y el abuso de poder, terminó con sus vidas. Desde su detención el 8 de diciembre de 2024, esos niños fueron despojados de su humanidad, algo que ni siquiera la versión oficial, que sostiene que fueron “liberados” en la vía a la base militar de Taura, puede justificar.
Al confirmar la prisión preventiva, el tribunal ha otorgado un respiro temporal a las familias que aun lloran la ausencia de sus niños, pero las preguntas siguen siendo insistentes: ¿Qué estaban pensando al creer que, tras semejante barbarie, medidas alternativas como la prohibición de salida del país o la obligación de los acusados de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial serían suficientes? ¿Es que acaso la vida de Ismael, Josué, Saúl y Steven puede ser reemplazada por medidas tan insustanciales?
Las familias, por su parte, mantienen firme su exigencia de justicia. La Fiscalía sostiene que los militares han intentado obstaculizar el avance de la investigación, y la lucha por esclarecer la verdad sigue siendo ardua y constante. Este caso no solo refleja el profundo dolor de unas familias rotas, sino también las heridas abiertas de una sociedad que sigue siendo testigo de cómo la violencia contra los sectores más criminalizados, marginalizados, empobrecidos y asesinados sigue siendo ignorada y minimizada.
El proceso está lejos de llegar a su fin. La Fiscalía tiene previsto ampliar las versiones de los 16 militares procesados, que permanecen en prisión en la cárcel de Latacunga, este viernes 21 de febrero de 2025. Sin embargo, más allá de los trámites judiciales, persiste una pregunta crucial: ¿será que la justicia de este país, marcada por un racismo estructural que siempre ha desprotegido a las comunidades negras y afrodescendientes, realmente logrará hacerle frente a esta barbarie?
Mientras los responsables de la desaparición y muerte de cuatro niños siguen en prisión, las familias de Ismael, Josué, Saúl y Steven no solo luchan contra la pérdida irreparable de sus seres queridos, sino también contra un sistema que históricamente ha ignorado sus vidas, sus dolores y su derecho a la justicia.
A medida que el proceso avanza, la verdad y la reparación parecen seguir siendo un sueño distante para aquellos que fueron víctimas de esta violencia extrema, alimentada por un sistema que sigue deshumanizando a las comunidades más vulnerables.
¿Qué tan lejos está la justicia cuando, detrás de cada crimen, resuenan siglos de impunidad racial? ¿De verdad podemos esperar que los responsables enfrenten las consecuencias adecuadas cuando el mismo sistema que los protege ha operado durante tanto tiempo en las sombras de la discriminación? La lucha por la verdad y la justicia apenas comienza.
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