Hoy, la integridad democrática de nuestro país está en grave riesgo, y esto tiene consecuencias especialmente perjudiciales para las mujeres. Ecuador atraviesa uno de los escenarios más críticos de su historia reciente. Los altos índices de delincuencia, las políticas de austeridad y la crisis energética han impactado significativamente la lucha por la igualdad de género y la participación plena de las mujeres en la vida pública.
La presencia y expansión de grupos criminales llevó, en enero de este año, al presidente Daniel Noboa a declarar Conflicto Armado Interno en todo el territorio nacional. Bajo este contexto, se ha observado un aumento en los índices de trata de personas y explotación sexual, afectando de manera desproporcionada a mujeres y niñas (Prieto, 2024).
Por otro lado, las respuestas del Estado, con énfasis en la militarización, han desplazado la atención de políticas y acciones destinadas a la protección y justicia para las mujeres. Un ejemplo de esto fue la propuesta de cambiar el nombre del «Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos» a «Ministerio de Política Criminal y Derechos Humanos». Aunque el gobierno decidió mantener el nombre original del ministerio, continuó asignándole responsabilidades relacionadas con la política criminal, lo que, una vez más, afecta gravemente la priorización de la agenda de género.
En esta misma línea, el dogma del «Estado Obeso», que ha caracterizado la política de los últimos tres gobiernos, se ha traducido en una ausencia de instituciones robustas que puedan atender las necesidades de las víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Esto ha agravado la vulnerabilidad de las mujeres, quienes enfrentan obstáculos para acceder a mecanismos de justicia y protección en casos de violencia doméstica y sexual.
La restricción de derechos civiles y políticos es otra evidencia de esta crisis. Los constantes estados de excepción y medidas de emergencia han limitado la libertad de expresión y de reunión, afectando especialmente a colectivos de mujeres y organizaciones de derechos humanos que buscan visibilizar las necesidades de género y combatir las injusticias. En este marco, el Estado ha categorizado como “terroristas” a varios grupos de defensa de derechos (Primicias, 2024). La criminalización de activistas, como en Palo Quemado, o la violencia en el Caso Mecheros, refleja la intención estatal de silenciar las voces de ciertos sectores sociales en favor de los intereses privados, aprovechando la declaratoria de conflicto.
De igual forma, las mujeres que asumen roles de liderazgo en comunidades afectadas por la violencia enfrentan amenazas y riesgos adicionales, incluyendo intimidación y agresiones. Esto disuade a muchas de involucrarse en la política o en actividades de defensa de derechos, disminuyendo así la representación femenina en los espacios democráticos y perpetuando la exclusión de la perspectiva de género en la formulación de políticas.
La crisis energética también profundiza estas desigualdades. Problemas como el incremento en la carga de trabajo de cuidados no remunerados, las limitaciones en la educación en línea y el teletrabajo, y el aumento de la inseguridad en espacios públicos como calles o parques, amenazan no solo la integridad de las mujeres, sino también sus oportunidades de desarrollo profesional y estabilidad económica.
En este escenario, la arena política tampoco es un espacio seguro ni accesible para las mujeres. Las candidatas, funcionarias y activistas enfrentan amenazas, acoso y deslegitimación. El ejemplo más evidente es el de la vicepresidenta Verónica Abad, quien, a pesar de ser elegida democráticamente, fue suspendida de sus funciones por el Ministerio de Trabajo durante un período de 150 días. Esto implica que no podrá ejercer la presidencia en caso de que el actual presidente tome licencia ante las próximas elecciones. Este tipo de procesos, que carecen de imparcialidad y responden a presiones políticas, no solo evidencian un intento de debilitar el principio de separación de poderes —pues este proceso debería recaer en la Asamblea Nacional mediante un juicio político—, sino que también muestran una clara intención de excluir a mujeres incómodas para el gobierno de los espacios de toma de decisiones.
La crisis que atraviesa Ecuador ha evidenciado cómo las desigualdades estructurales afectan desproporcionadamente a las mujeres, comprometiendo no solo sus derechos fundamentales sino también la calidad de la democracia. En este contexto, la violencia política de género, las amenazas a lideresas y las condiciones de inseguridad generalizada limitan seriamente la participación de las mujeres en la vida pública. Si bien las leyes de paridad son un avance, no son suficientes para garantizar una representación efectiva; es necesario transformar las condiciones estructurales que perpetúan estas desigualdades. Esto incluye implementar un plan de seguridad con enfoque de género, fortalecer instituciones que protejan a las mujeres y diseñar estrategias concretas para erradicar la violencia política de género. Solo así será posible construir una democracia inclusiva, donde las mujeres puedan participar plenamente y sin temor, contribuyendo al desarrollo integral del país.
Bibliografía
Prieto, Miguel. 2024. «Preocupante análisis sobre la crisis en Ecuador: “La democracia está en peligro”.» El Planeta , 15 de Enero.Primicias. 2024. «Tensión en Palo Quemado por la presencia de militares y policías Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en https://www.primicias.ec/noticias/seguridad/tension-palo-quemado-presencia-militares-policias/.» Primicias, 18 de Marzo.
- Ecuador en crisis: El genero y la democracia - noviembre 26, 2024
- La Batalla de Pichincha: cuestionando la realidad del Ecuador en este Bicentenario - mayo 22, 2022
- La crisis, una vez más, del sistema carcelario - abril 8, 2022