La estrategia punitivista y securitista con la que se ha enfrentado la crisis del sistema penitenciario en Ecuador ha vuelto a cobrar vidas, demostrando que todos los esfuerzos gubernamentales siguen reforzando un sistema caduco y desigual.
Durante 2021, la sociedad ecuatoriana fue testigo de sucesivas olas de disturbios dentro de las penitenciarias de Cuenca, Guayaquil, Latacunga y Cotopaxi. Estos hechos que, además de demostrar las condiciones de hacinamiento, violencia, corrupción y discriminación que viven estos centros, evidenció la falta de atención y respuesta estatal con un enfoque de derechos humanos para resolver este problema estructural.
Es importante resaltar que estos hechos vienen tomando fuerza desde varios años atrás. En 2019, el entonces presidente Lenin Moreno había emitido dos declaratorias de estado de excepción en estos centros de rehabilitación social en respuesta a la fuerte conmoción que se estaba viviendo dentro de las penitenciarías. Más adelante, en 2021, el actual mandatario Guillermo Lasso retomó la medida de declarar el estado de emergencia y reforzó la narrativa del control policial en estos espacios.
La semana pasada nuevos hechos violentos azotaron la penitenciaría de Cuenca, dejando un saldo de 20 fallecidos y miles de familiares de personas privadas de libertad (PPL) en completa incertidumbre sobre la seguridad de sus seres queridos. A pesar de que el Gobierno ha atribuido en repetidas ocasiones estos hechos a una llamada “guerra de bandas”, la realidad apunta a que una de las razones estructurales de esta crisis se sitúa en la constante violación a los derechos humanos que sufren los PPL dentro de estos centros de rehabilitación social.
El año pasado, el ex ministro de defensa, Gabriel Martínez señalaba que el nivel de hacinamiento correspondía a un 29,42%, lo que afecta directamente la calidad de vida y acceso a derechos de la población carcelaria. Cuestiones básicas como la salud, acceso a agua, alimentación y seguridad son puestas en riesgo y negados para las PPL.
El sistema carcelario del Ecuador se caracteriza por mantener una gran parte de la población carcelaria sin sentencia, generar procesos burocráticos y jurídicos ineficientes e ineficaces, tener gran debilidad en los mecanismos de excarcelación, fomentar la criminalización de la pobreza y criminalizar a poblaciones racializadas y estigmatizadas.
Esto se suma a una respuesta securitista que fortalece la militarización de estos centros y reproduce un discurso social de deshumanización de las PPL, resultando en un panorama hostil e incierto para quienes habitan estos espacios.
Sin duda, Ecuador vive un momento de desconcierto social en cuanto a la situación del sistema penitenciario. Como población estamos en espera de una verdadera voluntad política para cambiar de manera estructural esta realidad desde un enfoque de seguridad humana y derechos humanos.
- La Batalla de Pichincha: cuestionando la realidad del Ecuador en este Bicentenario - mayo 22, 2022
- La crisis, una vez más, del sistema carcelario - abril 8, 2022
- Injusticia y racismo ambiental en la costa ecuatoriana - diciembre 15, 2021