Estados Unidos atraviesa una de las etapas más agresivas de su política migratoria reciente. Desde diciembre de 2025, el control fronterizo dejó de operar únicamente en los márgenes del territorio y se instaló dentro de las ciudades, los hogares y las escuelas. La migración ya no se gestiona: se persigue. Y en ese giro, las infancias han dejado de ser una excepción.
El 7 de enero de 2026, esta política mostró su rostro más extremo. Renée Nicole Good, ciudadana estadounidense, fue asesinada por un agente federal durante un operativo. Su muerte marcó un quiebre: la violencia estatal ya no solo recaía sobre personas migrantes, sino que se volvía abierta, letal y pública. El mensaje era claro: la vida podía perder valor en nombre del orden.
Pocos días después, esa misma lógica alcanzó a familias migrantes y, con ellas, a niñas y niños.
El 20 de enero, Liam Conejo Ramos, niño ecuatoriano de cinco años, fue detenido por agentes federales cuando regresaba del preescolar con su padre, solicitante de asilo. Esta dolorosa escena expuso algo difícil de nombrar sin estremecerse: las infancias convertidas ya figuran como resultados dentro del operativo. Liam y su padre fueron trasladados a un centro de detención familiar en Texas, a más de dos mil kilómetros de su hogar. No huían de la ley. Huían de un país que no supo protegerlos.
Tres días más tarde, el 23 de enero, otra familia ecuatoriana vivió una experiencia similar. Cloe Tipán, niña de dos años, fue detenida junto a su padre tras una persecución vehicular durante una operación federal. La niña había llegado a Estados Unidos siendo recién nacida y tenía una solicitud de asilo en trámite. Su detención, aunque breve, confirmó que ya no existe un límite claro cuando se trata de aplicar la política migratoria: las infancias también entran en la ecuación.
El 24 de enero, la escalada de una extrema violencia volvió a cobrar una vida adulta. Alex Jeffrey Pretti, enfermero y trabajador de la salud, murió por disparos de agentes federales durante otro operativo. Dos muertes civiles en menos de un mes. Ni el orden ni la seguridad pueden explicarlo todo.
Desde Ecuador, estos hechos no se leen solo como noticias internacionales. Las infancias detenidas son ecuatorianas. Son hijas e hijos de familias que migraron porque su país natal no pudo ser sostén, porque la violencia, la pobreza o el abandono institucional las empujaron a buscar otro lugar para vivir. El dolor es doble: primero, un Estado que falla y expulsa; después, un Estado que “mantiene contacto permanente” con los perpetradores del horror sin siquiera indignarse.
Las fronteras no las trazó la tierra. Las levantaron intereses, las mantuvieron desigualdades y hoy las sostiene una política que acepta que las infancias paguen el costo. Cuando un niño o una niña es detenida para enviar un mensaje de control, lo que se rompe no es una ley: es un principio básico de humanidad.
En un país donde la vida parece no valer nada, y en otro que no supo ni sabe como responder, la pregunta no es retórica ni lejana:¿qué esperanza le queda a nuestras infancias?
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