La frontera aún tiene voz, lo que pasa en Carchi también debe ser asunto nacional

En el debate nacional sobre seguridad, pocas veces aparece el nombre de Carchi. La conversación suele concentrarse en los grandes centros urbanos o en las provincias con cifras más altas de homicidios. Sin embargo, en la frontera norte, la violencia y el abandono no son fenómenos nuevos ni aislados. Son procesos acumulados.

En conversación con Esthefy Cárdenas, internacionalista y antropóloga carchense, la primera constatación fue esa sensación persistente de invisibilidad: 

No se piensa en Carchi cuando se habla de criminalidad

Para ella, la situación actual no puede entenderse sin mirar hacia atrás. Carchi ha sido históricamente un territorio atravesado por el conflicto colombiano. Durante años existió presencia de las FARC en la zona, en un contexto de militarización que se volvió parte de la cotidianidad. Con la firma del acuerdo de paz en Colombia, lejos de estabilizarse la frontera, el panorama se fragmentó: surgieron disidencias y nuevos grupos que comenzaron a disputar territorio de manera más violenta, ya no solo desde una lógica insurgente sino también desde economías ilícitas como la minería ilegal, que hoy tiene presencia en la provincia.

La transformación del conflicto trajo nuevas dinámicas. La frontera dejó de estar marcada por un solo actor armado y pasó a convertirse en un espacio de disputas múltiples, donde convergen economías ilegales que afectan directamente la vida productiva y la seguridad cotidiana.En ese escenario, las decisiones estatales tampoco han tenido los efectos esperados. El cierre de fronteras, implementado bajo argumentos de seguridad, ha terminado fortaleciendo circuitos irregulares y desplazando actividades hacia zonas menos controladas.

En sectores rurales como Maldonado y Chical, el incremento de economías ilícitas y de hechos violentos se siente con mayor intensidad. Son territorios donde comunidades indígenas han solicitado durante años mayor presencia estatal sin obtener respuestas sostenidas.La complejidad aumenta si se considera que en la frontera habitan pueblos que existían antes de que se trazara la línea limítrofe entre Ecuador y Colombia. Comunidades con presencia incluso en tres naciones, que históricamente han mantenido vínculos comerciales, familiares y culturales.

La frontera política fragmentó dinámicas que eran interdependientes. Cuando se cierran los pasos regulares, esa interdependencia no desaparece; simplemente se traslada a rutas no oficiales, muchas veces más riesgosas y más vulnerables al control de actores ilegales. 

El abandono prolongado ha generado una sensación constante de desprotección.Pese a ello, cuando Carchi intenta posicionar sus demandas en el debate nacional, el mensaje suele diluirse. Durante el paro nacional, por ejemplo, las movilizaciones en la provincia comenzaron semanas antes y estaban centradas en la seguridad, no en los subsidios. Sin embargo, esa especificidad no logró instalarse en la narrativa general.

La desconexión entre las prioridades locales y el discurso central es una constante. Aunque Carchi no registre las cifras más alarmantes de homicidios del país, su economía productiva se ve limitada por el control territorial de grupos delictivos y por prácticas históricas como la vacunación de negocios.

En la conversación surgió también la comparación con Esmeraldas. Allí, los índices de violencia son más altos, pero además existe una constante criminalización del territorio y una reafirmación permanente de su imagen como provincia asociada a la delincuencia. Esa narrativa, atravesada también por factores de segregación racial, termina reforzando divisiones entre el centro y la periferia del país.

Mientras Esmeraldas es reiteradamente señalada como sinónimo de criminalidad, problemáticas estructurales en Carchi como la minería ilegal o el control territorial silencioso permanecen menos visibles, como si solo ciertos territorios fueran útiles para sostener un discurso nacional sobre seguridad.

En ese sentido, las provincias fronterizas parecen entrar y salir del discurso político dependiendo de su utilidad coyuntural.

Cuando no cumplen un propósito dentro de la agenda central, quedan relegadas, pese a enfrentar dinámicas similares de abandono, empobrecimiento y violencia.

A este escenario se sumó un nuevo factor de tensión: la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia. El 1 de febrero de 2026 entró en vigor un arancel del 30% impuesto por Ecuador a productos colombianos, bajo el argumento de falta de reciprocidad en seguridad fronteriza. Colombia respondió con un arancel equivalente a productos ecuatorianos y suspendió la venta de energía eléctrica. Posteriormente, Ecuador elevó la tarifa de transporte de crudo colombiano y Bogotá anunció acciones ante la Comunidad Andina de Naciones. Una reunión de alto nivel en Quito, el 6 de febrero, no logró revertir las medidas, prolongando la crisis.

Para una provincia que históricamente ha dependido del comercio transfronterizo, el impacto fue inmediato.

Las restricciones no solo afectan el intercambio formal de productos; también alteran prácticas económicas y culturales profundamente arraigadas. Lo que jurídicamente se denomina contrabando muchas veces responde a dinámicas históricas de intercambio entre comunidades que se reconocen como parte de un mismo pueblo. 

El cierre de los pasos formales no elimina el tránsito; lo desplaza hacia caminos irregulares que atraviesan propiedades privadas, donde comienzan a imponerse cobros informales y condiciones propicias para que el crimen organizado consolide su presencia. Mientras tanto, estas consecuencias rara vez forman parte del debate en el centro del país.

La conversación también abordó el desgaste político y social que implica habitar la periferia. Las movilizaciones locales no siempre se traducen en respuestas concretas, y los liderazgos comunitarios enfrentan un aislamiento que no solo es político, sino también académico y comercial. Esa falta de articulación ha contribuido a que la provincia experimente niveles de criminalidad que, según relata, no se habían visto antes, como lo evidenció un crimen reciente ocurrido en pleno parque Ayora.Teniendo un panorama regional al cual le parece “más atractivo” hablar de la cultura del narco que de las urgencias del pueblo.

Aunque se suele destacar la resiliencia de los pueblos fronterizos, surge una pregunta inevitable sobre los límites de esa resistencia cuando no existe acompañamiento sostenido del Estado.

Aun así, la esperanza aparece anclada en la cultura y en la hermandad histórica del pueblo pasto, cuyos lazos atraviesan la frontera impuesta por el proyecto del Estado nación, enfatiza Esthefy. Más allá de las tensiones políticas y económicas, persiste una identidad compartida que mantiene vivas las conexiones entre ambos lados.