Pensar en una justicia que atienda la interseccionalidad de ser mujer exige preguntarnos quiénes habitan realmente los espacios donde se decide el derecho. La justicia ha sido históricamente presentada como un sistema neutral, pero su estructura institucional está atravesada por jerarquías que han limitado la participación de las mujeres. Esta ausencia ya es problemática por sí misma, pero se vuelve aún más grave cuando observamos la casi inexistente presencia de mujeres negras, indígenas o racializadas dentro de los espacios de poder judicial. Si quienes interpretan y aplican la ley provienen de trayectorias sociales similares, la justicia corre el riesgo de reproducir las mismas desigualdades que debería combatir.
En Ecuador, esta tensión entre presencia y exclusión se vuelve evidente al observar la composición del sistema judicial. Según datos de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces(AEMJ), a inicios de 2026 las mujeres ocupan aproximadamente el 37 % de los cargos de jueces a nivel nacional, con 667 juezas en funciones dentro de la Función Judicial del país. Aunque estas cifras muestran una participación significativa, la distribución interna revela otra realidad: cerca del 44 % de estas juezas se desempeñan en juzgados de primer nivel, mientras que su presencia disminuye de forma considerable en los espacios de mayor jerarquía.
Esto significa que, aunque las mujeres están presentes en el sistema, no necesariamente participan en los lugares donde se concentran las decisiones más importantes. Instancias como la Corte Nacional de Justicia del Ecuador o la Corte Constitucional del Ecuador siguen mostrando brechas que evidencian cómo el acceso al poder dentro de la judicatura continúa siendo desigual. No se trata de una falta de capacidad o preparación, sino de barreras estructurales que limitan el ascenso de las mujeres dentro de las instituciones jurídicas.
Este fenómeno no es exclusivo del país. A nivel global, los datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) muestran avances importantes en la participación de mujeres en los sistemas judiciales. En 2021, las mujeres representaban el 54 % de jueces en Europa y el 51 % en las Américas, mientras que en otras regiones como Asia, África y Oceanía las cifras oscilaban entre el 29 % y el 31 %. Sin embargo, una tendencia se repite en casi todos los contextos: a medida que se asciende en la jerarquía judicial, la presencia de mujeres disminuye de manera considerable.
Esta subrepresentación tiene implicaciones profundas para la legitimidad de los sistemas de justicia. La presencia de mujeres en los tribunales no solo amplía la diversidad dentro de la judicatura, sino que también fortalece la confianza pública en las instituciones. Cuando las cortes reflejan mejor la composición de la sociedad, hay un espacio tangible para que las preocupaciones y experiencias de diferentes grupos sociales sean reconocidas y consideradas dentro del proceso judicial.
Pensar en una justicia con perspectiva de género e interseccional no puede limitarse a aumentar el número de mujeres dentro del sistema. También implica cuestionar quiénes acceden al poder dentro de él y qué experiencias quedan fuera de la construcción del derecho. La pregunta que permanece abierta es tan urgente como incómoda: ¿cómo podemos hablar de acceso a la justicia para las mujeres si ni siquiera se nos permite habitar plenamente los espacios donde esa justicia se produce?
- ¿Cómo accedemos a la justicia si ni siquiera se nos permite estar dentro de ella? Mujeres, poder judicial e interseccionalidad en Ecuador - marzo 15, 2026
- Que todo el mundo se entere | Nuestras denuncias sobre racismo estructural y perfilamiento racial llegan ante la CIDH - marzo 12, 2026
- La frontera aún tiene voz, lo que pasa en Carchi también debe ser asunto nacional - febrero 25, 2026