Ecuador llega a la COP4 del Acuerdo de Escazú con más preguntas que avances. El país, que firmó el tratado en 2018 y lo ratificó en 2020, enfrenta hoy un escenario donde los principios de acceso a la información, participación y justicia ambiental parecen ir en una dirección totalmente opuesta a la forma en que se están tomando decisiones públicas. Hoy no solo hablamos de una de una pendiente, sino, también de la tensión latente entre lo que se prometió y lo que se está haciendo.
En el último año, el gobierno de Daniel Noboa ha consolidado un giro claro hacia el fortalecimiento del extractivismo. Un ejemplo concreto fue la decisión de unir el Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas, lo que en la práctica diluye la independencia del control ambiental. A esto se suma una política de recortes que ha dejado con menos capacidad a las instituciones encargadas de vigilar impactos ambientales, en un contexto que ya ha generado alertas desde organismos internacionales.
Pero el problema no se queda en lo institucional. En temas clave como la consulta previa y ambiental, el país sigue sin reglas claras. La normativa existente fue cuestionada por la Corte Constitucional del Ecuador, y hasta ahora ni la Asamblea Nacional del Ecuador ni otras funciones del Estado han llenado ese vacío. Mientras tanto, decisiones relevantes siguen avanzando sin procesos de consulta sólidos, lo que deja a comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales en una posición de desventaja frente a proyectos extractivos.
Casos emblemáticos, como la eliminación de mecheros en la Amazonía o la consulta popular sobre el Parque Nacional Yasuní, no han tenido un cumplimiento efectivo. Esto no solo debilita la justicia ambiental, sino que envía un mensaje claro: incluso cuando la ciudadanía gana, no necesariamente se ejecuta lo decidido.
En paralelo, el país ha aprobado normas de forma acelerada, sin mayor debate público, que flexibilizan estándares ambientales, permiten mayor intervención en áreas protegidas y reducen el alcance de la consulta previa. Varias de estas leyes han sido demandadas ante la Corte Constitucional, pero siguen vigentes. En ese mismo clima, la Corte ha enfrentado presiones y cuestionamientos desde el poder político, lo que complica aún más su rol como árbitro.
El espacio para la sociedad civil también se ha reducido. Nuevas reglas imponen controles más estrictos a organizaciones y limitan su capacidad de actuar, especialmente en temas relacionados con proyectos extractivos. Incluso se han establecido sanciones para quienes intervengan en estos procesos. A esto se suma un ambiente de persecución: defensores ambientales y líderes comunitarios han enfrentado procesos penales, bloqueos financieros y uso de la fuerza pública en protestas.Hoy los defensores de derechos son el nuevo enemigo del Estado.
Con este panorama, el Acuerdo de Escazú en Ecuador queda atrapado entre el discurso y la realidad. Más que un instrumento en marcha, corre el riesgo de convertirse en una referencia formal sin impacto concreto. Lo que está en juego en lo que resta del gobierno no es su existencia, sino si todavía puede tener algún peso real en las decisiones que afectan al ambiente y a las comunidades.
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