Todo Ecuador parece haberse acostumbrado a mirar con indiferencia el horror que atraviesa Esmeraldas. La violencia en la provincia es material informativo de consumo nacional: balaceras, asesinatos, desplazamientos, amenazas. Todos miran, todos opinan, nadie se conmueve hasta que la violencia roza una línea que parece imposible de ignorar. Eso ocurrió el 17 de julio de 2026, cuando los dolorosos gritos de niñas y niños atravesaron las paredes de la Unidad Educativa Fiscomisional 10 de Agosto, en San Lorenzo, mientras una balacera ocurría en sus alrededores. Estudiantes y docentes tuvieron que esconderse debajo de pupitres y mesas para protegerse de los disparos; el ataque dejó dos personas muertas y tres heridas. Ese día, por unas horas, el país pudo mirar de frente aquello que Esmeraldas lleva demasiado tiempo viviendo. Y, exactamente dos meses después, la violencia volvió a irrumpir en los alrededores de la misma unidad educativa.
El “solo esas cosas pasan en Esmeraldas” sale con aires de grandeza de la boca de algunos ciudadanos de “bien”, ubicando a la violencia como algo excepcional. Hoy, aunque muchos lo quieran negar, la violencia en el “Nuevo Ecuador” es generalizada y des-pia-da-da. Lo que ocurrió en San Lorenzo no es un anuncio de lo que está por venir, es el reflejo de la profunda crisis de seguridad que también toca a los centros educativos del país. el Consejo Noruego para Refugiados documentó 27 ataques contra la educación entre enero y junio de 2026 en ocho provincias del Ecuador. 16 ocurrieron dentro de escuelas y otros once en los trayectos hacia o desde ellas.
Lo preocupante, entonces, no es únicamente la violencia, sino la manera en que hemos aprendido a administrarla. Una balacera ocurre, se suspenden las clases, se anuncia el refuerzo de la seguridad y, cuando pasa la emergencia, el problema vuelve a desaparecer de la conversación pública. Así, la respuesta institucional termina siendo reactiva e insuficiente. Esperamos a que ocurra el ataque para actuar. Mientras tanto, las comunidades educativas siguen viviendo bajo amenaza. Y cuando la violencia que atraviesa territorios como Esmeraldas se vuelve cotidiana, también corremos el riesgo de aceptar como normal aquello que debería escandalizarnos siempre.
Por eso, pasar las clases a modalidad virtual después de una balacera puede ser una medida de emergencia, pero no puede presentarse como solución. Eso ocurrió en San Lorenzo: el Ministerio de Educación dispuso que las jornadas vespertina y nocturna del 17 de julio se desarrollaran de forma virtual y anunció el refuerzo de la seguridad en los 70 planteles educativos del cantón, donde estudian 15.805 alumnos. Pero ¿qué significa estudiar desde casa cuando no todas las familias tienen internet estable, dispositivos suficientes, espacios adecuados o las mismas condiciones materiales para sostener una jornada escolar? La pantalla no elimina el horror vivido ni resuelve la violencia.
Hablar de educación bajo ataque no significa solamente contar cuántas balas alcanzaron los alrededores de una escuela. Significa preguntarnos cuántas oportunidades educativas se pierden cada vez que una comunidad tiene que reorganizar su vida alrededor del miedo.
Es necesario dejar de mirar a Esmeraldas como si fuera una excepción. Lo que ocurre allí debería servir como advertencia de lo que sucede cuando un Estado llega tarde, cuando la violencia se normaliza y cuando los territorios más golpeados son escuchados solamente después de una tragedia. Esmeraldas lleva años diciendo que algo está pasando. No dejemos que el miedo nos desensibilice, en él busquemos la fuerza para organizarnos y hacerle frente a la indolencia de quienes gobiernan y exigirle aulas, infancias, juventudes, vidas libres de violencia y temor.
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