¿Qué tan preparada puede estar una familia para enfrentar una emergencia si apenas logra cubrir sus necesidades básicas? Se recomienda tener agua, alimentos no perecibles, una linterna, pilas, medicamentos, documentos protegidos y un botiquín. Pero reunir todo lo que debería contener una mochila de emergencia cuesta dinero. También hace falta una vivienda segura, un lugar donde resguardarse y servicios básicos que permitan sostener la vida después de una catástrofe.
Los recientes terremotos en Venezuela, Colombia y Panamá, junto con las inundaciones que afectan a Ecuador, vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que suele quedar fuera de las recomendaciones de prevención: ¿quiénes tienen las condiciones para prepararse y quiénes deben enfrentar el riesgo con lo poco que tienen? En Venezuela se registraron sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 en junio; en Colombia, un sismo de magnitud 7,4 en agosto; y en Panamá, un terremoto de magnitud 7,5 este pasado 10 de octubre. Son emergencias distintas, pero sus consecuencias también dependen de las condiciones en las que viven las personas.
En Esmeraldas, las lluvias, los desbordamientos de ríos y los deslizamientos han golpeado a varios cantones. Según un reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con corte al 4 de octubre de 2026, 9.740 personas habían sido impactadas por las emergencias: 9.536 afectadas y 204 damnificadas. También se contabilizaban 2.508 viviendas afectadas y 53 eventos adversos por lluvias en siete cantones. Este 12 de octubre, el prefecto Diego Zambrano Loor, informó que hay más de 12.400 personas afectadas, más de 1.000 damnificadas y 3.714 viviendas con daños, cuatro de ellas destruidas por completo.
La pobreza no es únicamente la falta de ingresos. También se expresa en viviendas precarias, dificultades para acceder a agua segura, servicios de salud insuficientes y empleos que no permiten ahorrar para afrontar una emergencia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reportó que el 25,5 % de la población de la región vivía en pobreza por ingresos en 2024, alrededor de 162 millones de personas. Ese mismo año, la pobreza multidimensional alcanzó al 20,9 % de la población, considerando privaciones en ámbitos como vivienda, salud, educación y trabajo. Estas cifras no miden directamente la preparación ante desastres, pero ayudan a entender por qué no todas las familias parten de las mismas condiciones.
Pensemos en una mochila de emergencia. Además de agua y alimentos, requiere insumos que deben comprarse, reponerse y adaptarse a las necesidades de cada hogar. Un botiquín básico comercial en Ecuador puede costar alrededor de 18 dólares a 86 dólares, según precios de distintas casas de venta. Son ejemplos de productos, no del costo total de una mochila familiar. Para un hogar que debe priorizar el arriendo, la comida, el transporte o los medicamentos, incluso esos gastos adicionales pueden ser difíciles de asumir.
Por eso, la prevención no puede reducirse a una lista de recomendaciones individuales. Saber qué hacer durante un sismo o una inundación es importante, pero no basta si una familia vive junto a un río sin obras de protección, habita una casa vulnerable o no tiene cómo trasladarse a un lugar seguro. Tampoco basta con pedir que se almacene agua cuando el acceso a ella ya es irregular. La preparación depende de decisiones colectivas y de políticas públicas sostenidas.
Esto implica invertir en viviendas seguras, drenajes, sistemas de alerta accesibles, rutas de evacuación, albergues dignos y servicios básicos que funcionen antes, durante y después de una emergencia. También supone que las comunidades participen en la identificación de sus riesgos y en la construcción de respuestas que reconozcan sus condiciones y conocimientos. La responsabilidad no puede recaer únicamente en quienes están más expuestos y cuentan con menos recursos para recuperarse.
La pregunta, entonces, no es solo si tenemos lista una mochila de emergencia. Es qué condiciones existen para que todas las personas puedan protegerse y reconstruir sus vidas cuando ocurre un desastre. La prevención también se mide por la seguridad de nuestras viviendas, el acceso al agua, la capacidad de respuesta de las instituciones y los recursos disponibles para no perderlo todo ante una emergencia.
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