La última semana ha sido una semana muy intensa para Perú, en tanto el país ha pasado por una grave crisis política que se sumaba además a la crisis sanitaria y la crisis económica que el país está viviendo debido al elevado número de casos de la COVID-19 y a la destitución del presidente Martín Vizcarra.

El lunes 09 de noviembre el presidente de la República, Martín Vizcarra, fue removido de su cargo luego de un proceso de vacancia impulsado por el Congreso de la República. Este proceso de vacancia hacía una interpretación de la constitución para aplicar la figura de «incapacidad moral» y destituir al presidente luego de casi dos años de una relación bastante complicada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. 

Esta vacancia colocó al Presidente del Congreso de la República, Manuel Merino, como presidente de un gobierno de transición. Merino de Lama es congresista de la República por la región Tumbes, y tiene una reputación cuestionable y un gran número de procesos abiertos por supuestos crímenes cometidos.

Este cambio representó una grave amenaza al sistema democrático del Perú, ya que implicaba que no hubiera una independencia de poderes, es decir que el Poder Ejecutivo y legislativo fueran controlados por el mismo grupo de personas. Además de ello, este cambio amenazaba la estabilidad y la autonomía del Poder Judicial y mostraba signos de convertirse en un régimen autoritario y dictatorial.

Desde el lunes 09 de noviembre, el pueblo peruano se manifestó en las calles desde distintos puntos del país, siendo brutalmente reprimido por la policía que utilizó gases lacrimógenos, perdigones e inclusive armas de fuego para enfrentarse a las personas que se estaban manifestando pacíficamente. Del mismo modo, los cientos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y uso excesivo de la fuerza que tuvieron como resultado la muerte de dos jóvenes peruanos y dejaron cientos de heridos en hospitales a nivel nacional.

El día domingo 15 de noviembre, en el día siete de protestas ininterrumpidas para exigir el respeto de los principios democráticos en la sociedad peruana, Manuel Merino decidió dejar el cargo que ocupó ilegítimamente durante varios días. Con el fin del gobierno de Merino, el congreso decidió que Francisco Sagasti asumiera como presidente del Congreso y, por consiguiente, como el responsable del gobierno transitorio en el país hasta que se realicen las elecciones generales el 11 de abril de 2021.

Este hecho le da tranquilidad y alivio a miles de peruanos y peruanas que vieron interrumpidas sus vidas durante estos días de tensión, preocupación, indignación, pero sobre todo de dolor. Sin embargo, las protestas en Perú aún continúan. Es importante aquí explicar también que el Tribunal Constitucional, la institución encargada de interpretar la Constitución de manera correcta, evadió la responsabilidad de explicar y delimitar la figura de la incapacidad moral, lo que generó nuevamente el rechazo de la población. Además de ello, esta acción ha colocado nuevamente en el debate público la necesidad de poder contar con una nueva Constitución. A la fecha, el Perú se rige bajo la Constitución establecida en 1993, producto del régimen autoritario de Alberto Fujimori. En ese sentido, miles de jóvenes activistas y políticos, consideran que es necesario generar reformas para poder modificar este instrumento, de manera tal que responda a los reales y actuales intereses de la población peruana. 

Los acontecimientos suscitados en la última semana en el Perú han demostrado el poder ciudadano de una nueva generación: la generación del Bicentenario. Esta nueva generación de jóvenes y jóvenes adultos ha despertado ante la coyuntura adversa y ha respondido ante una serie de instituciones que no les representan y que no toman en cuenta sus reales intereses. Los resultados de las protestas, que indican que más de 3 millones de personas a nivel nacional e internacional se vieron involucradas, indica que esta nueva generación ha tenido un despertar político interesante, que les hace involucrarse de manera más activa con sus realidades y con lo que pasa en la sociedad. 

Esta nueva generación, además, apunta a generar cambios estructurales en una sociedad llena de desigualdades camino al bicentenario, que se celebra el 28 de julio de 2021. Esta nueva generación ha decidido tomar en sus manos las riendas del futuro del país y generar un cambio organizado consciente y permanente, lo que implica mantener las labores de vigilancia y de manifestación ciudadana para poder hacer oír su voz de la manera correcta. 

Ana Lucía Mosquera Rosado, MA, MLA: Comunicadora para el desarrollo especializada en temas de diversidad, interculturalidad, género y no discriminación