La doble condena de lxs presxs trans en el sistema penitenciario ecuatoriano
En las cárceles ecuatorianas, la identidad de género puede convertirse en un segundo castigo. Para las personas trans, la privación de libertad no sólo significa cumplir una condena judicial, sino enfrentar un sistema que ignora sus cuerpos, su dignidad y sus derechos fundamentales. Agrupadas por estrategias de supervivencia, expuestas a violencia física y psicológica, y privadas de atención médica adecuada, muchas viven una doble condena: la de la sentencia y la de un sistema penitenciario que no reconoce su humanidad.
Las personas LGBTIQ+ tienen una mayor probabilidad de enfrentar violencia, discriminación y prejuicios a lo largo de su vida. Así lo ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Ecuador no es una excepción. Aunque el país despenalizó la homosexualidad en 1997 y reconoció por primera vez la prohibición de discriminación por orientación sexual en la Constitución de 1998, el camino hacia el respeto efectivo de las identidades de género diversas ha estado marcado por avances normativos que no siempre se traducen en prácticas institucionales.
La Constitución de 2008 amplió de forma significativa las garantías para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, y estableció que los instrumentos internacionales de derechos humanos son de aplicación directa e inmediata. Sin embargo, esta promesa constitucional convive con una profunda resistencia institucional, influida por una sociedad atravesada por la heteronormatividad. Esa tensión se expresa con claridad en el sistema penitenciario ecuatoriano, donde aún prevalece una lógica binaria que define el destino de las personas privadas de libertad en función exclusiva del sexo asignado al nacer.
Las cifras oficiales permiten dimensionar parcialmente esta realidad. El censo carcelario realizado por el INEC a finales de 2022 incluyó, por primera vez, una pregunta sobre identidad de género. De las personas privadas de libertad, 73 se identificaron como mujeres trans, 31 como hombres trans, 7 como personas no binarias y 20 prefirieron no responder. En conjunto, estos datos representan menos del 1 % de la población penitenciaria, que para diciembre de 2023 superaba las 30.800 personas. Sin embargo, organizaciones que trabajan directamente en los centros de privación de libertad sostienen que estas cifras no reflejan la magnitud real de la presencia de lxs presxs, debido al miedo, la desconfianza institucional y la falta de garantías para autoidentificarse sin represalias.
En las cárceles, mayoritariamente masculinas, las mujeres trans suelen agruparse como estrategia de supervivencia. Permanecer juntas no es solo una forma de apoyo emocional, sino un mecanismo de protección frente a desapariciones, agresiones y abusos que rara vez son investigados. La violencia no proviene únicamente de otros internos: también se manifiesta en prácticas institucionales que niegan la identidad de género, restringen el acceso a atención médica adecuada o imponen regímenes de aislamiento supuestamente “protectores” que terminan constituyendo formas de tortura psicológica.
El marco normativo ecuatoriano reconoce que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social debe garantizar la integridad y los derechos de las personas privadas de libertad. Incluso el reglamento penitenciario contempla que, en el caso de personas con identidad de género distinta al sexo biológico, se tome en cuenta su decisión personal para definir el lugar de reclusión, priorizando la dignidad y la seguridad. No obstante, en la práctica, estas disposiciones quedan subordinadas a decisiones discrecionales de las autoridades penitenciarias. Las solicitudes de traslado no son vinculantes y el criterio de separación por sexo se aplica de manera automática, ignorando los riesgos específicos que enfrentan las mujeres trans recluidas en pabellones masculinos.
Esta realidad se inscribe en un contexto regional y global alarmante. A escala mundial, cerca del 32 % de los Estados aún criminalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo, con penas que van desde la prisión hasta la muerte. En América Latina, la violencia alcanza niveles extremos: entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, al menos 255 personas trans fueron asesinadas en la región, lo que equivale a casi tres cuartas partes de los asesinatos de personas trans registrados en el mundo durante ese periodo. La esperanza de vida promedio de las personas trans en la región apenas alcanza los 35 años, una cifra que evidencia la magnitud de la exclusión estructural.
La cárcel aparece, así, como una trampa que condensa múltiples formas de violencia. La exclusión familiar, la falta de acceso a educación y empleo y la precarización empujan a muchas personas trans hacia economías informales altamente criminalizadas, lo que incrementa su exposición a la persecución policial y al encarcelamiento. Una vez dentro, la transfobia institucional se traduce en negación de tratamientos hormonales, registros corporales invasivos, violencia sexual, uso excesivo de la fuerza y castigos encubiertos bajo la figura del aislamiento.
Lejos de cumplir una función rehabilitadora, el sistema penitenciario refuerza ciclos de pobreza, marginación y violencia. En el caso de las personas trans, este ciclo adquiere un carácter particularmente cruel: su identidad se convierte en motivo de vigilancia, castigo y deshumanización. Las cárceles no sólo castigan conductas tipificadas como delitos, sino que terminan sancionando existencias que desafían los modelos normativos dominantes.
Solo entonces —después de recorrer cifras que no protegen, leyes que no se cumplen y cuerpos que sobreviven a la violencia institucional— cobra sentido nombrar el 22 de enero, el Día Internacional de la Solidaridad con lxs Presxs Trans. No como un mero gesto de reconocimiento simbólico, sino como una exigencia incómoda: revisar un sistema que encarcela identidades, administra el castigo desde el prejuicio y convierte la privación de libertad en una experiencia de anulación humana. Hablar de este día es señalar responsabilidades, cuestionar la normalización de la violencia estatal y recordar que la dignidad no debería suspenderse al cruzar una reja.
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